madrid. Los cerca de 3.000 chiringuitos construidos en las playas españolas así como miles de viviendas asentadas en suelo de dominio público marítimo terrestre se salvarán de la demolición durante 75 años más, al haberse aprobado ayer en Consejo de Ministros un proyecto de ley que reforma la actual Ley de Costas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en rueda de prensa que la norma anterior, de hace 24 años, no ha cumplido "debidamente" sus objetivos de protección del litoral y del medio ambiente y ha creado "inseguridad jurídica". La reforma está encaminada a proteger nuestra riqueza medioambiental, librar al litoral de atrocidades urbanísticas.
Se estima que hay unas 10.000 viviendas construidas en dominio público, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. En 2018 expirarían las primeras 1.100 concesiones, lo que obligaría a su demolición si no fuera por esta reforma. La nueva norma, aseguró por su parte el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, pero "no es una amnistía de situaciones ilegales".
El proyecto, valorado por la Comisión Europea por la seguridad jurídica que da a los propietarios extranjeros pero criticada por las ONG, amplía las concesiones a otros 75 años más a todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes, hoteles...) que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre.
Para los chiringuitos de playa desmontables la autorización será de 4 años cuando antes era solo de 1.
La anterior ley expropió a todos estos propietarios sus posesiones al fijar unas nuevas lindes; a cambio les otorgó concesiones por 30 años, que iban a empezar a expirar a partir de 2018. La nueva ley va a permitir también que los concesionarios de estas casas podrán venderlas y hacer reformas si no aumentan su actual volumen ni altura.
Según Medio Ambiente, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo, y más de 1.700 son ocupaciones industriales. Estas industrias (químicas, extractivas, textiles, energéticas...) deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión.
Entre las novedades de la futura norma destaca la llamada "cláusula antialgarrobicos", que supondrá tolerancia cero frente a las agresiones en la costa. Además, se prevé la inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la Propiedad.
