vitoria. La cascada de reacciones al, en principio, inminente cierre de la central nuclear de Garoña sigue imparable. Si la industria del metal se ofrecía el jueves a tomar el relevo de Nuclenor al frente de la gestión de la planta, ayer Efe daba a conocer un documento según el cual el coste de la clausura de la central asciende a 224 millones de euros anuales, al que habría que sumar la pérdida de 343 empleos directos y un millar de indirectos.
Así figura en el informe de alegaciones al Plan Garoña que la Junta remitió al Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009, en el que anunciaba que no formaría parte de la comisión de gestión de este plan para la generación de alternativas económicas y de empleo al margen de la central nuclear, ni aportaría fondos al mismo. Sin embargo, la Junta reclamó beneficios fiscales para el área norte de Burgos, y planteó todo un listado de actuaciones que consideraba necesarias y que solicitó al Gobierno central.
Entre ellas figuraban varias infraestructuras, sobre todo carreteras de titularidad autonómica y el rescate o la subvención del peaje de la AP-1. También pidió una inversión de 11 millones de euros para mejora de patrimonio dependiente del Gobierno regional, como un centro teatral y cultural en Medina de Pomar o la restauración de las iglesias de Encio o Santa Gadea del Cid. Incluso planteó la restauración de un edificio en Valpuesta para poner en marcha un centro de la lengua castellana.
A día de hoy, la Junta da por hecho que el cierre no tiene marcha atrás y que tendrá que acarrear con esa caída de la actividad que prevé para la zona. Ayer el consejero de Economía y Empleo del Ejecutivo regional, Tomás Villanueva, reconoció que la planta está "abocada al cierre" en 2013 y que la vía administrativa que posibilitaba su permanencia más allá de este año está "agotada", circunstancia que lamentó porque, a su juicio, Garoña se encuentra en "en unas condiciones inmejorables para seguir".
Por otro lado, ayer la Asociación Nacional de Productores e Inversores en Energías Renovables, Anpier, reclamó que las empresas eléctricas destinen más inversiones a la seguridad de las centrales nucleares, a la vista de las deficiencias detectadas por la Comisión Europea en sus pruebas de resistencia a las centrales. Los productores fotovoltaicos calificaron el informe de "alarmante", especialmente en el caso de las centrales españolas, y recordaron que con los datos aportados, de haber existido una planta nuclear en el área de Lorca, el terremoto que tuvo lugar en 2011 habría generado "nefastas consecuencias para todo el Sur de España".
Anpier explicó que, por contra, las 22 plantas de energía fotovoltaica ubicadas en la localidad murciana, con una potencia de 120 megavatios, contribuyeron a paliar el caos en las primeras horas tras el seísmo. "A los pocos segundos del temblor, suministraron fluido eléctrico en condiciones de absoluta normalidad", señalaron las empresas fotovoltaicas.
El sector fotovoltaico español sostiene además que "los megavatios que produce anualmente la central nuclear de Garoña podrían generarse con una superficie equivalente al aeropuerto de Barajas en paneles fotovoltaicos, que aportaría una energía sostenible, limpia y segura, y que supondría, además, la creación de 2.146 puestos de trabajo".
