MADRID. En su participación en los desayunos de Europa Press, Torres-Dulce ha alertado del "grave quebranto" que estas movilizaciones producen en la "convivencia democrática", en alusión a la actitud de algunos de los que asistieron a la concentración del pasado 25 de septiembre "Rodea el Congreso".

"Dejemos que la gente se exprese libremente y se manifieste y reúna libremente, y reprimamos a aquellos que usan esos derechos para ir más allá y socavar el Estado de Derecho", ha precisado.

"No puedo otorgar carta de naturaleza" al uso del descontento social "como medio de deslegitimación en bloque del Estado de Derecho", ha añadido Torres-Dulce, para quien la solución a los problemas estructurales del Estado tiene que venir a través del diálogo y "en ningún caso por la senda de la confrontación" y contra el sistema.

Respecto a la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de "abrir un debate" para "modular" la ley orgánica que regula el derecho de manifestación, cree que "la regulación administrativa viene antes que la penal" porque al que se le autorice una protesta y "no guarde los límites, ya sabe que está sujeto a la legalidad".

A su juicio, "si debe regularse más de lo que está, que se haga", pero ha insistido en que luego están los tribunales para decidir si está bien autorizada o no una manifestación, y ha señalado que el hecho de que la mayor parte se celebre en Madrid es algo "inherente a la capitalidad de la Nación".

En cuanto a la posición de la Fiscalía respecto a los 35 detenidos en la manifestación del 25S, el fiscal general ha recordado que el Ministerio Público ha defendido que algunos de los arrestados "fueron más allá y pretendieron llegar al Congreso".

"Esas conductas son las que hay que depurar", ha precisado Torres-Dulce, para quien en esos casos hubo un delito contra instituciones del Estado que sería competencia de la Audiencia Nacional.

Respecto al anuncio de un referéndum independentista en Cataluña, ha indicado que cuando se produzca esa convocatoria "ya se verá" la postura de la Fiscalía porque "hacer de profeta penalista es un ejercicio en el que no estoy dispuesto a entrar".

"Veremos cómo se plantea el referéndum", ha insistido para después destacar que "el cauce constitucional" que ha permitido la coexistencia de los españoles "pueda servir para hacer una reflexión y podamos convivir juntos, aunque para ello haga falta cambiar la Constitución".

También se ha referido al proceso en el que está imputado el esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, y ha anunciado que "el fin de la instrucción (de este caso) está próxima", y que se trata de "un ciudadano más" al que "se va aplicar rigurosamente la ley".

Ha descartado que se vaya a producir una conformidad entre su defensa y la Fiscalía antes del juicio, aunque ha matizado que si se da esa propuesta "tiene que ser aceptada por todas las partes".

Otra de las preocupaciones de la Fiscalía son los procesos abiertos a entidades bancarias por la venta de participaciones preferentes y ha explicado que se ha buscado la colaboración del Banco de España y de la Comisión Nacional de Valores (CNMV).

Esos procesos son "una tarea prioritaria" del Ministerio fiscal porque esas "posibles infracciones" cometidas con esas operaciones bancarias "han dañado el sistema financiero" y se trata además de "una demanda social", ha recalcado.

Ha requerido para ello el refuerzo de tres fiscales más en anticorrupción, que según ha indicado se dedicarán a estas tareas y a combatir "la corrupción política" que está haciendo "crujir" el sistema.