Vitoria. El pasado 1 de septiembre entró en vigor el decreto de Rajoy que excluye a los inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria gratuita. Euskadi se ha desmarcado formalmente de la aplicación de esta medida y, en teoría, sigue prestando asistencia a los sin papeles. Así lo ha insistido una y otra vez el propio consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, que en los últimos meses se ha convertido en el adalid de los derechos de los indocumentados. Sin embargo, pese a que Lakua defiende que la cobertura sanitaria sigue siendo la misma, en la práctica no parece que esté siendo así.

Al menos ésta es la conclusión que han sacado los integrantes del programa de la Unidad Pastoral del Casco Viejo de Vitoria (Berakah). Según han podido saber, si bien los inmigrantes irregulares y con Tarjeta Sanitaria (TIS) en su poder sí están recibiendo asistencia, aquéllos que acaban de llegar tienen que pagar de su bolsillo la consulta médica.

El colectivo que agrupa a las parroquias de Santa María, San Miguel, San Vicente y San Pedro aporta el testimonio de un padre de origen chino y sus tres hijos a los que acompañaron en junio a solicitar la TIS. Los cuatro llegaron a España en 2010 para reencontrarse con la madre, que trabaja en un restaurante chino de cocinera y está dada de alta en la Seguridad Social. Cuando en las oficinas de esta institución comprobaron que él tenía el permiso de residencia caducado desde hacía un año se negaron a facilitarle la Tarjeta Sanitaria. Los niños, por su parte, están a la espera de que les llegue una tarjeta individual que irá unida al número de afiliación de la madre. Según relatan, el personal que atendió al padre le dijo que se quedaba sin médico de cabecera pero que, en caso de sucederle algo grave podría ir a urgencias, si bien después se le pasaría la factura. Así las cosas, desde Berakah aseguran que en su labor de acompañamiento a inmigrantes han podido constatar cómo en la práctica "la discriminación para la asistencia sanitaria es una realidad" en el sistema vasco de salud. En este sentido, denuncian los "efectos" que medidas como ésta han traído ya a una parte de la población como es la de los inmigrantes. Por todo ello, exigen que se reconsidere esta política al tiempo que apoyan la objeción de conciencia de todos los profesionales de la sanidad que han decidido prestar atención gratuita.