Bilbao. El Gobierno Vasco fía la no aplicación del copago farmacéutico y la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles en Euskadi a su sensación de que Mariano Rajoy no tomará medidas para impedirlo. Ésta es la opinión que sostuvo ayer el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, al término del Consejo de Gobierno de los martes. El gestor manifestó que si el Gobierno central decide actuar en contra del Ejecutivo de Patxi López por no aplicar los recortes "también tendría que actuar" contra otras comunidades como Cataluña, Navarra o Galicia, esta última gobernada por el Partido Popular, que han optado por mantener la atención sanitaria a los extranjeros sin papeles.
Bengoa lanzó este vaticinio el día que el Consejo de Gobierno dio luz verde a las alegaciones contra el fallo del Tribunal Constitucional que suspendió el decreto con el que el Gobierno de López pretendía eludir la aplicación de la nueva normativa estatal. Los argumentos jurídicos dados a conocer ayer no presentan ninguna novedad respecto de lo que viene defendiendo el Ejecutivo socialista los últimos meses y que no han logrado evitar el varapalo judicial del Constitucional. A pesar de ello, estos recortes sanitarios no se han puesto en marcha en Euskadi, una situación que, según afirmó el consejero de Sanidad, va a seguir manteniéndose. Según informaron Bengoa y la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, las alegaciones se presentarán esta semana o, en todo caso, antes 28, día en el que expira el plazo dado por el alto tribunal.
El Constitucional dispone de un plazo de cinco meses -que empezó a correr en julio, aunque agosto no se tiene en cuenta por ser inhábil- para adoptar una decisión definitiva sobre el decreto vasco. De ratificar su fallo, que el pasado mes de julio dejó en suspenso de manera cautelar el decreto vasco del 26 de junio que eludía el nuevo copago farmacéutico, Bengoa afirmó que no cree que el Ejecutivo central, que recurrió la normativa vasca ante el Constitucional, vaya a adoptar nuevas medidas. En su opinión, si el Gabinete de Mariano Rajoy emprendiera alguna medida contra el Gobierno vasco, también "tendría que actuar" contra comunidades como Galicia, Navarra o Cataluña, entre otras, que ya han anunciado que seguirán prestando atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. En opinión del consejero, las afirmaciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acerca de que "las comunidades tienen libertad" para seguir atendiendo a estas personas, suponen un respaldo a la tesis del Gobierno Vasco, basada en que garantizar una cobertura superior por parte de una autonomía no vulnera la Constitución. Precisamente, éste es el argumento central de las alegaciones que el Ejecutivo presentará ante el Tribunal Constitucional. En ellas, se indica que su normativa para evitar el nuevo sistema de copago y los recortes a la atención a extranjeros en situación irregular "respeta escrupulosamente" el artículo 149.16 de la Constitución.
El Gobierno autonómico subraya en su escrito que "es doctrina consolidada del Constitucional que la competencia estatal se configura en el punto de partida y el límite a partir del cual puede ejercer la comunidad autónoma en defensa del propio interés general la competencia asumida en su Estatuto", en este caso la sanidad. De esa forma, entiende que "nada impide que, con respeto a las condiciones básicas, puedan mejorarse, sin discriminación de nadie, las prestaciones que el sistema nacional ofrece". Esta práctica, según indicó Bengoa, "ha venido siendo habitual y pacífica, declarándose respetuosa por el Tribunal Constitucional con el sistema competencial".
No habrá efecto llamada En las alegaciones se destaca también que la decisión del Gobierno Vasco "en ningún caso pone en cuestión la sostenibilidad financiera" del sistema sanitario. En el caso de la población inmigrante, subraya que los datos avalan que utiliza los servicios sanitarios de forma "significativamente menor" a la de la población autóctona. El consejero Rafael Bengoa aportó ayer datos concretos para sustentar este argumento. Explicó que el gasto farmacéutico de los ciudadanos nacionales es cinco veces superior al de los inmigrantes.
También descartó que se pueda dar un efecto llamada de extranjeros irregulares para beneficiarse de la asistencia sanitaria en la comunidad autónoma Euskadi ya que otras comunidades autónomas han decidido mantener la cobertura de este colectivo. Y en el caso del copago farmacéutico en función de la renta, el responsable de Sanidad dijo que el Gobierno compensará a los ciudadanos afectados.
