GASTEIZ. El Consejo de Gobierno vasco ha estudiado hoy las alegaciones que en los próximos días presentará el Ejecutivo de Patxi López ante el Tribunal Constitucional (TC), órgano judicial que el pasado mes de julio dejó en suspenso de manera cautelar el decreto vasco del 26 de junio que dejaba sin efecto el nuevo copago farmacéutico que entró en vigor el 1 de julio en el resto del Estado.
En ese decreto también se regulaba la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, en contra de lo establecido por el Ministerio de Sanidad de anular la tarjeta sanitaria a este colectivo.
Pese a la suspensión del decreto, en la CAV, a día de hoy, se mantienen las mismas condiciones que estaban vigentes hasta que entraron en vigor las nuevas medidas y hoy el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha insistido en que en Euskadi no cambiará nada en estos dos aspectos, por lo menos hasta que el TC resuelva.
Para ello, el Constitucional tiene un plazo que concluye el 20 de enero, han aclarado desde el Gobierno vasco.
En las alegaciones al Constitucional, el Gobierno vasco argumenta que Euskadi tiene las competencias para el "desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior", según recoge el Estatuto de Gernika.
También el Gobierno vasco, en sus alegaciones, señala que "nada impide que, con respeto a las condiciones básicas, puedan mejorarse, sin discriminación de nadie", las prestaciones a ciudadanos nacionales o extranjeros.
Por último, el Ejecutivo de López considera que el decreto vasco no pone en cuestión la sostenibilidad financiera del sistema sanitario vasco.
El consejero Bengoa ha dejado claro, tras el Consejo de Gobierno, que no cree que el Gobierno de Mariano Rajoy pueda tomar algún tipo de acción por no cumplir con esta legislación estatal porque tendría que actuar también contra otras comunidades que han establecido mecanismos especiales de aseguramiento sanitario para estos colectivos.
El máximo responsable de la sanidad vasca ha insistido en que el decreto vasco, pese a estar anulado cautelarmente, "no vulnera" las competencias del Estado porque Euskadi "puede mejorar" esas prestaciones sanitarias.
Ha confiado en que el Ministerio de Sanidad, de cara al Consejo Interterritorial de Salud del próximo 3 octubre, no continúe con su "tendencia de recentralización y de recortes".
En Euskadi los pensionistas no pagan el 10 por ciento del coste de los medicamentos en función de sus ingresos como en el resto de España.
Además, los vascos siguen pagando el 40 por ciento del coste farmacéutico mientras que en el conjunto de el Estado ese porcentaje sólo se aplica a quienes ganan menos de 18.000 euros.
El decreto vasco sí incluye, como el estatal, la gratuidad de los medicamentos para los parados que no perciben subsidio, pero añade que están exentos de pagar las medicinas los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, las personas con tratamientos por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, afectados de síndrome tóxico y algunos discapacitados.
