MADRID. Así lo han indicado fuentes jurídicas tras la comparecencia como testigos del director de Santa Cristina, el jefe de Neonatología, Ignacio Villa, y la oficial del Registro Civil Carmen Muñoz ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que mantiene imputada a "sor María" por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público.
El director de Santa Cristina ha dicho al juez, según las mismas fuentes, que se preocupaba de que todo marchara bien en la institución y que firmaba documentación, sin comprobar el contenido de lo que suscribía, con la confianza de que quienes tramitaban las adopciones hicieran su trabajo de forma correcta.
Ha asegurado que conocía a "sor María", que trabajaba como asistente social en la Clínica Santa Cristina, pero que solamente la vio en dos ocasiones en varias décadas.
"Todo lo que he tenido que decir, y he dicho mucho, se lo he dicho al juez. A ustedes nada", ha manifestado Zamarriego a los periodistas, antes de resaltar: "Yo soy inocente. Digo la verdad al juez y a todos, pero a los medios de comunicación no tengo nada que decir".
Por su parte, Ignacio Villa "no tiene ninguna responsabilidad ni participación" en el caso de la presunta niña robada, ya que fue jefe de Neonatología hasta 1977 y a partir de esa fecha dejó de serlo.
Villa "no tiene nada que ver" con el caso, ya que figura como jefe de Neonatología en la documentación porque no se cambió el membrete de un papel timbrado en el que aparecía su nombre, por lo que se está investigando quién ocupaba el cargo en 1982.
La oficial del Registro Civil Carmen Muñoz ha aclarado al juez algunas cuestiones relacionadas con la certificación de la partida de nacimiento de la supuesta niña robada, han agregado las mismas fuentes.
Muñoz ha asegurado a los periodistas que no conocía a "sor María", que no tuvo ningún contacto con la religiosa, que no tenía nada que ver con el caso y que como oficial delegada del Registro Civil firmaba mil partidas de nacimiento todos los días.
Las declaraciones de estos tres testigos no han aportado "grandes datos" porque "parece que las adopciones se delegaban en otras personas de las que el director de la Clínica Santa Cristina no tenía conocimiento" y que "se están investigando", según el abogado de la denunciante, Guillermo Peña.
Una veintena de madres de la asociación SOS Bebés Robados ha acudido a las puertas de los Juzgados de Madrid con la esperanza de que el caso de "sor María" suponga un avance en las investigaciones sobre los "niños robados".
"Necesitamos saber dónde están nuestros hijos. No queremos dinero, no queremos indemnizaciones. Quiero, como madre, cerrar este capítulo de mi vida", ha resaltado una portavoz de la asociación, María Cruz Rodrigo.
En la puerta de los Juzgados se han vivido también momentos de tensión a la salida del jefe de Neonatología, a quien le han dirigido insultos algunas madres de la asociación SOS Bebés Robados, concentradas ante el edificio para pedir justicia.
El próximo 20 de septiembre continuarán las comparecencias de testigos ante el juez, a petición de Guillermo Peña, el abogado de María Luisa Torres, que denunció a la Fiscalía de Madrid el robo de su hija recién nacida en marzo de 1982, y José María Calero, el letrado de sor María Gómez Valbuena.
El pasado mes de abril, María Luisa Torres ratificó ante el juez que la religiosa le dijo que le quitaba a la bebé "por adúltera", ya que el padre no era su marido.
Por su parte, "sor María" se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, aunque, en una carta abierta a los medios de comunicación, rechazó las acusaciones y dijo que le "repugnaba" separar a un recién nacido de su madre.
