Vitoria. La atomización de la caza en Álava y la consecuente aparición de nuevas asociaciones de menor tamaño suscita preocupación entre los profesionales del sector. Manu García, guarda de ACCA, explica que "se están ofreciendo a los cotos unos servicios de guardería que, de acuerdo con los precios que se están manejando, entendemos que no cumplen la ley". La normativa de caza del País Vasco, aprobada el año pasado, establece muy claramente que estos servicios de guardería deben tener carácter de jornada completa y teniendo en cuenta lo que cuesta mantener una plantilla, los actuales portavoces de ACCA aseguran que "las cuentas no cuadran".
"Determinadas asociaciones y determinados guardas están haciendo unas ofertas que no pueden encajar con lo exigido en la ley, es imposible. Por lo tanto, aquí hay trampa", subraya el guarda de ACCA. "Es una trampa que no estamos dispuestos a consentir -aclara-, así que la denunciaremos donde proceda".
Dadas las buenas relaciones que existen entre los nuevos representantes de ACCA y la Diputación, el asunto de la legalidad también se ha tratado en las reuniones mantenidas entre mayo y agosto con el Gobierno foral. "Nos consta que están bastante preocupados por este tema y que va a controlar que se cumpla exquisitamente la ley. Si la ley dice que hay que cumplir con una jornada completa tendrá que ser así, nada de facturas falsas ni de cosas extrañas. Queremos que los cotos tengan cuidado con lo que contratan y que no se dejen engañar", manifiestan.
Actualmente la situación de muchos de estos cotos alaveses es expectante. ACCA mantiene asociados a 68 de los 103 que contabilizaba antes de que comenzara el proceso de división interna y sus responsables, que tienen la cuota abonada hasta el 31 de agosto, están esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para decidir si juegan en equipo o si echan a andar por libre. También hay muchos cotos que han pasado a formar parte de otra asociación hasta el 31 de diciembre y que aguardan hasta ver si el panorama se tranquiliza para tomar una decisión. Incluso la Diputación ha adoptado el papel de espectadora. "No se inmiscuye en los problemas internos, pero ve que está en riesgo un modelo, que se atomiza la gestión de la caza desde el punto de vista de los cazadores y también está preocupada", señalan.
"Nuestra propuesta consistirá en hacer las cosas bien y tenerlo todo listo para que el uno de enero iniciemos una nueva etapa. Daremos prioridad a las soluciones consensuadas y creemos que también es posible una póliza de seguro conjunta para todos los cotos. En todo caso, la disolución es la última medida y la más grave. Nuestra obligación es intentarlo todo, máxime cuando hay gente que apuesta por la asociación", concluyen.
