Vitoria. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, envió el pasado martes una carta al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la que requiere la anulación de la orden que revocó el cierre de Garoña en julio de 2013, y que prorrogaba la vida de la central hasta 2019, tal y como reclamaba la empresa que explota la instalación, Nuclenor, ante el riesgo "cierto y real" de un accidente como el de Fukushima. El primer edil cumplía así con el mandato del Pleno municipal vitoriano, que por unanimidad aprobó el pasado 6 de julio una declaración institucional en la que le instaba a ejercer presión ante el Ministerio.
En la misiva, a la que ha tenido acceso DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA, y redactada con el asesoramiento de los servicios jurídicos del Consistorio y del Centro de Estudios Ambientales (CEA), se aporta toda una batería de argumentos para pedir a Soria que dé marcha atrás en una decisión que viene acompañada de la eliminación de las primas a las energías renovables.
La carta parte de la base de que Vitoria es parte interesada en la actividad de la central, por cuanto la linde oeste de su término municipal se encuentra a apenas 31 kilómetros en línea recta de la instalación burgalesa. "En realidad -reza el recurso de reposición- es el único municipio de gran población", y por lo tanto es obvio que "en caso de un accidente nuclear adquiriría una trascendencia crítica, no sólo como potencial perjudicada por las consecuencias radiactivas del siniestro, sino también como municipio facilitador de servicios e infraestructuras y alojamiento a poblaciones desplazadas".
Ése sería un primer argumento. El segundo apela al ámbito jurídico, y ahí los técnicos del Ayuntamiento le dicen directamente a Soria que su orden de revocación de la prórroga sólo hasta 2013 decretada por los socialistas es nula "de pleno derecho". La carta apela a una sentencia de la Audiencia Nacional de junio del año pasado en la que daba vía libre a la prórroga hasta 2013 -o al cierre en esa fecha, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo-, alegando que Nuclenor "no tiene un derecho indefinido" a explotar la central, y por lo tanto la empresa participada por Endesa e Iberdrola no ha sido perjudicada por el Estado. "La prueba más palpable de que este acuerdo no era limitativo de derechos es que la Audiencia Nacional desestimó la petición indemnizatoria efectuada por Nuclenor, con fundamento, precisamente, en la ausencia de vulneración de ningún derecho preexistente".
Los técnicos se basan además en una sentencia del Tribunal Supremo que sienta doctrina sobre la revocación de un acto administrativo. En lenguaje llano, los servicios jurídicos interpretan que aunque el cierre afecta económicamente a Nuclenor, los beneficios para la sociedad son muchos mayores. Probablemente en esta página 8 de la misiva es donde el Ayuntamiento se expresa de forma más contundente. "El cierre y posterior desmantelamiento de una central nuclear significa la cesación automática de un riesgo que, de materializarse, puede implicar unos daños de proporciones incalculables para todos aquellos ciudadanos que vivan en un radio de la central de decenas de kilómetros. En nuestro caso -prosigue el texto-, no es aventurado especular con que, un accidente como aquél -se refiere a Chernobil-, o como el de Fukushima, podría suponer el desalojo y abandono para siempre de la ciudad de Vitoria Gasteiz".
ánimo inversor Para los técnicos municipales, la actividad de un modelo de central idéntico al de Japón y cuya vida útil ya ha expirado "acarrea evidentes efectos desfavorables para nuestro municipio, en forma de riesgos que, por más que sean improbables, son posibles aquí como lo fueron, ciertos y reales, en Ucrania y Japón. Incluso -añade la carta- no es descabellado pensar que en épocas de profunda crisis económica como la que estamos viviendo, pudiera darse un decaimiento en el ánimo inversor de la empresa titular de la central, que redundará en un aumento de los riesgos potenciales".
Por otro lado, los técnicos del CEA consideran que ningún motivo de interés público justifica la revocación dictada por el ministro, entre otras cosas porque con las energías renovables y la crisis económica el Estado tiene mucha más potencia eléctrica instalada de la que necesita, y "no es previsible que esta situación varíe en los próximos años". En el Consistorio se tacha de "sarcástico que se ponga en relación la capacidad estabilizadora de la central con el endémico mal que azota al sistema eléctrico español, erigido en auténtica isla energética". Tampoco creen en el CEA que Garoña reduzca la tarifa eléctrica a los españoles, pues ese problema se debe más a la falta de adecuación de "los precios regulados a los costes reales del sistema".
Tras apelar a los efectos económicos de la planta sobre su zona de afección, la carta de Maroto al ministerio concluye recurriendo una vez más al riesgo que implica su actividad. "Hace apenas dos meses la central fue sobrevolada en parapente por activistas de Greenpeace [...] Debemos felicitarnos porque el objetivo de estas acciones fuera pacífico", concluye.
