vitoria. Solidaridad sí, fraude no. El Ayuntamiento de Vitoria ha declarado obsoleto el antiguo sistema de acceso al comedor social de Desamparados y, a partir de primeros de septiembre, lo reemplazará por un control informático. Hasta ahora, tal y como recordó ayer la concejala de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, se funcionaba con vales "manuscritos, realizados a mano con lápiz por la trabajadora social", lo cual daba lugar a múltiples problemas, entre ellos el del fraude. A partir de ahora, la prestación social más importante que presta el Consistorio -desde el punto de vista de su coste económico- estará supervisada por un ordenador. Quien vaya a utilizar el comedor, deberá presentar la Tarjeta Municipal Ciudadana, en cuya memoria estará grabado el plazo de la duración de la prestación. Además, dado que dicha tarjeta incorpora una fotografía de su titular, se complica que personas no autorizadas puedan hacer un uso irregular de este recurso municipal.

El comedor de Desamparados contará con su propia aplicación informática, un ordenador equipado con un lector de código de barras que registrará la tarjeta. Según detalló Domaica, en la pantalla aparecerá en grande la fotografía del titular, lo que facilitará su identificación, y una mano verde si cumple los requisitos o roja si se produce la situación contraria. Asimismo, quedará grabada en la tarjeta la hora de entrada al comedor de manera que no podrá haber ni intercambio de tarjetas ni será posible acudir dos veces a comer.

Otra de las novedades que incorpora el sistema es una mejora de la facturación, de forma que el recibo que emite la entidad tendrá que coincidir con los datos que obtenga la aplicación del Ayuntamiento. Hasta ahora, el sistema de control existente hacía que el Consistorio tuviera que aceptar las facturas de la entidad que presta el servicio con un control precario. Además, esta herramienta digital permitirá que toda la información se gestione en bilingüe, tanto en castellano como en euskera.

Según los datos facilitados por la concejala, el montante de la prestación se ha cuadruplicado entre 2008 y 2011, al pasar de 430.311,8 a 1.623.255 euros. "Tan importante es garantizar que quien tiene derecho a una prestación la reciba como evitar el fraude", concluyó Domaica.