Vitoria. La tijera de Mariano Rajoy muy pronto llegará también a las entidades locales, un entramado institucional con un protagonismo histórico y relevante en Álava. El proyecto de ley de reforma de la Administración Local impulsado por el Gobierno central tiene la culpa. Este texto, cuya letra pequeña aún está pendiente de concretar, conllevará la supresión de más de 3.700 entidades locales menores en el conjunto del Estado, entre ellas los concejos, para ser absorbidas por los ayuntamientos, dotará también de más competencias a las diputaciones en detrimento de las mancomunidades -una figura similar a las cuadrillas alavesas- y actualizará las competencias municipales para diferenciarlas con claridad de las estatales y las autonómicas, entre otros aspectos.
El temor a una poda sin precedentes en la historia del régimen foral alavés no ha tardado en llegar a los pueblos del territorio. Y por ello, concejos y cuadrillas piden "firmeza" al diputado general, Javier de Andrés, para que no se pliegue a los intereses de Madrid. También lo han hecho grupos junteros de la oposición como Bildu, que ya ha solicitado la comparecencia urgente del diputado general para que explique cómo afectará a la estructura de las entidades locales del territorio la reforma de Rajoy. "Al contrario que otras instituciones, De Andrés prefiere no mirar hacia otro lado sino bajar la cabeza sumisamente y acatar todas estas injustas medidas", censuró ayer el juntero abertzale, Gorka Ortiz de Guinea.
No hay que olvidar que es la propia Diputación la que tendrá la llave para hacer extensibles al territorio -o no- los recortes a la administración local. Articulados a través de la norma foral de concejos de 1995, y por tanto dependientes de la Diputación, estas entidades consideran que la ley estatal debería "excluirlos" de la reforma, al igual que a los concejos de la vecina Navarra. "Pero tenemos dudas importantes. Sobre todo, por esa lealtad tan categórica que ha manifestado De Andrés a Rajoy y a la aplicación de sus recortes", explica Javier Argote, presidente de la Asociación de Concejos de Álava (Acoa). Argote advierte de que esta reforma, al margen de ser una "barbaridad" que "supone cargarse unas instituciones centenarias", repercutirá en las arcas del territorio de forma opuesta a lo que pretende el Gobierno. "Si nuestras competencias pasan a los ayuntamientos, el gasto administrativo aumentará. No se ahorrará, sino todo lo contrario. Porque la administración concejil es la más barata que existe. Sus miembros no cobran. Es un trabajo voluntario", argumenta Argote.
Si los concejos alaveses se suprimen, las labores que sus miembros realizan actualmente como secretarios, arquitectos o supervisores de obras pasarán a ser competencia de los ayuntamientos y, por tanto, de sus técnicos. Profesionales a sueldo que, en pura lógica, deberían crecer también en número para ocuparse de estas nuevas funciones.
En contra de la lógica La preocupación también es compartida por las cuadrillas del territorio, estructuradas para ofrecer todo tipo de servicios a núcleos de población tan pequeños que por sí solos no los podrían disfrutar. Habla Jokin Villanueva, presidente de la Cuadrilla de Rioja alavesa, quien considera que la reforma de Rajoy "va en contra de toda lógica". El funcionamiento de las cuadrillas, que mancomunan servicios, también sirve para ahorrar a las arcas del territorio. "La Diputación no tiene una estructura creada para servir a los ayuntamientos, por lo que no podría asumir la reforma", expone Villanueva.
Además, la hipotética supresión de las cuadrillas crearía un problema laboral de relevancia, porque en ellas sí trabajan funcionarios. "¿Qué se haría con ellos, despedirlos e indemnizarlos o que sean absorbidos por la Diputación? El coste sería el mismo", advierte Villanueva, quien advierte a De Andrés de que su "lealtad debería ser hacia su territorio y hacia la institución que preside".
La Diputación, por ahora, ha optado por no pronunciarse sobre la reforma. Primero De Andrés el martes y ayer fuentes del ente foral a este periódico insistieron en que esperarán a conocer la letra pequeña de la reforma para posicionarse al respecto. "Esperaremos a tener todos los datos, a asimilarlo internamente y después, decidiremos. La Diputación no se pronunciará hasta que esté todo cerrado", informaron ayer estos medios.
