Madrid. El Gobierno presentó ayer a las comunidades sus propuestas en materia de Educación para la mejora del sistema en los ciclos no universitarios, entre las que se encuentra la implantación de un examen para obtener los títulos de ESO y Bachillerato, similar a las révalidas de los tiempos del franquismo. Las CCAA no gobernadas por el PP las han criticado por su "segregacionismo" y su "alta carga ideológica".

Canalizar una proporción mayor de estudiantes hacia la Formación Profesional (FP), adelantar la elección de las trayectorias que pueden elegir y optimizar el desarrollo de sus capacidades reconociendo sus aptitudes"; todo ello, con el fin de "mejorar la calidad educativa" y proporcionar un mejor acceso del alumnado al mercado laboral. Estas son las propuestas que el Ministerio de Educación puso ayer encima de la mesa. En este acto, el titular del ramo, José Ignacio Wert, se reunió con los consejeros de Educación de las comunidades autónomas para discutir el anteproyecto de ley que prepara para modificar la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) de cara a los próximos cursos.

Conseguir estos objetivos supone, en primer lugar, que los menores de 14 años tendrán que elegir las materias que definirán su futuro a partir de 3º de ESO, donde escogerán entre continuar con un Bachillerato o con FP. Además, "fomentar las aptitudes de los alumnos" se traducirá en establecer "programas de cualificación profesional para alumnos (de tan sólo 15 años) con dificultades de adaptación o grave riesgo de abandono escolar".

Sin embargo, la decena de combinaciones posibles para cursar un Bachillerato adaptado a las preferencias del alumno son, para el Ministerio, "un exceso de asignaturas" que suponen "un aumento del coste económico". De ahí que otra de las propuestas de Wert sea la de reducir las vías de Bachillerato para centrar los esfuerzos en "materias instrumentales: lenguas, matemáticas y ciencias", enumera el documento oficial de las propuestas.

Por otro lado, entre los planes de Wert también se encuentra la implantación de una prueba de evaluación final que servirá para conseguir el título de cada ciclo no universitario. Así, al finalizar 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato, los alumnos deberán aprobar un examen en el que demuestren sus competencias y conocimientos para poder acceder al ciclo superior. Lo mismo ocurrirá en la Formación Profesional, donde los estudiantes deberán examinarse para pasar del grado medio al superior. Algo que en la memoria del sector educativo recuerda a los temidos exámenes de reválida de tiempos del franquismo. "La reforma que plantea el Gobierno es segregadora y supone una marcha atrás que nos llevará a una escuela y una sociedad de los sesenta", sentencian desde la izquierda.

Sistema segregacionista Las comunidades del PP ven la reforma una "propuesta muy acertada", aunque con matices, mientras que desde el PSOE se insiste en que el modelo educativo del Gobierno busca "un sistema segragacionista" y con una "altísima carga ideológica".

La consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, consideró que la propuesta ministerial de reforma de la enseñanza no universitaria es una "involución", una "marcha atrás tremenda" en la calidad y la equidad del sistema educativo. La consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau incidió en las "dudas" sobre la reforma educativa y aseguró que invade competencias de Cataluña.

La consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, afirmó que no existe "margen para el acuerdo" sobre el proyecto de reforma educativa del Gobierno como está actualmente, y consideró que se tienen que hacer "modificaciones de calado" para poder apoyarla.