MADRID. En un comunicado difundido hoy, la COCEMFE ha hecho un llamamiento al Gobierno, a todas las fuerzas políticas y a los agentes para sumarse a dicho pacto.

Está previsto que el Consejo de Ministros dé hoy luz verde a la reforma de la ley de dependencia, que reducirá un 15 por ciento la paga a los cuidadores familiares de los dependientes, a los que exigirá unos conocimientos mínimos para concederles la asignación con el fin de dar prioridad a los cuidados profesionales.

El Consejo también aprobará previsiblemente un real decreto que modifica la aportación de los usuarios al sistema, para que además de su renta se tenga en cuenta su patrimonio, tal y como anunció la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, el pasado martes tras el Consejo Territorial de Dependencia.

Para el presidente de COCEMFE, Mario García, "la norma ha generado frustración entre sus beneficiarios y ha habido muchos errores en su ejecución, gestión y despliegue".

A pesar de ello "es absolutamente imprescindible mantener este dispositivo de protección para las capas más vulnerables", ha indicado García.

"Las reformas rápidas y no estudiadas lo suficiente conllevan errores que pueden producir enormes fracturas sociales. Por eso es necesario que la reforma se tramite como Proyecto de Ley para que el sector de la discapacidad pueda ser escuchado y realizar sus aportaciones para recuperar el consenso con que nació", señala García.

Además considera "inaceptables" e "injustas" algunas de las modificaciones anunciadas, y entiende que los problemas de financiación de la norma se deberían solventar por otras vías que no perjudiquen directamente a los usuarios actuales y futuros y sus familiares.

El presidente de COCEMFE asegura que estos recortes "asfixian a las personas dependientes y ponen en riesgo los avances conseguidos y la apuesta por la autonomía personal y la prevención, que es la parte que ha faltado por desarrollar y que ahora está peligrando más que nunca".

Sin embargo, pone en valor la intención del Gobierno de profesionalizar los cuidados familiares, permitiendo aumentar los controles en la calidad asistencial y potenciando la formación de los mismos para que la atención prestada sea la necesaria.

Por último, la entidad reconoce la necesidad de que los cuidadores familiares vayan reduciéndose en favor de la prestación de servicios profesionales.