MADRID. Atrás quedan las aperturas excepcionales durante las campañas de Navidad, de verano, los primeros domingos de mes y las declaraciones de Zona de Gran Afluencia Turística porque la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid supone en la practica la liberalización total de los horarios comerciales.

La norma fue aprobada por el Pleno de la Asamblea de Madrid el pasado 7 de junio con los votos a favor del PP y el rechazo de todos los grupos de la oposición (PSOE, IU-LV y UPyD).

Fuera del hemiciclo, organizaciones sindicales, empresariales y de consumidores han vertido duras críticas sobre esta Ley que, advierten, será "un golpe de muerte" al pequeño comercio.

La nueva ley de liberalización comercial anula las restricciones relacionadas con los horarios, de modo que todos los establecimientos, independientemente de su superficie, podrán abrir las 24 horas los 365 días del año, algo reservado hasta ahora para los de menos de 300 metros cuadrados.

El Gobierno regional defiende que la medida contribuirá "sin duda" a la generación de inversión, riqueza y empleo, con unas estimaciones de 20.500 nuevos puestos de trabajo y el incremento del PIB regional en seis décimas.

Además, permitirá a la Comunidad de Madrid posicionarse como uno de los mejores destinos de compras del mundo, lo que favorecerá el turismo y, con ello, la dinamización del consumo y el incremento de las ventas.

En este sentido, desde la Consejería de Economía y Hacienda se asegura que con la entrada en vigor de la Ley "es previsible" un incremento de los turistas que se desplacen a la región madrileña para realizar compras.

"Puede producirse un 'efecto frontera', atrayendo a nuestra Comunidad potenciales compradores de las provincias limítrofes que se desplazarían a Madrid por la disponibilidad para realizar compras durante el fin de semana", ha dicho un portavoz del departamento que dirige Percival Manglano.

Radicalmente opuesta es la postura de CCOO y UGT, que acusan a Esperanza Aguirre de legislar en beneficio de algunos empresarios de grandes superficies y de "engañar" a los madrileños justificando este tipo de medida en la generación de empleo.

Así, Teresa Uceda, de la Federación regional de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO, advierte de que se destruirán unos 10.000 empleos -"la mitad este año"- y se agudizará la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar en un sector, ya de por sí precarizado y mayoritariamente femenino, lo que abocará a muchas mujeres a la "expulsión" del mercado laboral.

Su homólogo en UGT Madrid, Daniel Pezuela, insiste en que la apertura 24 horas 365 días condenará a la desaparición del modelo comercial de proximidad y especializado y supondrá un incremento de costes fijos o laborales que se trasladará a los precios de venta al publico.

En el ámbito empresarial, el presidente de la Confederación de Comercio de Madrid (Cocem), Hilario Alfaro, admite la medida por el "ejercicio de responsabilidad" que deben hacer todos los sectores económicos ante los millones de desempleados que hay en España: "Un solo puesto de trabajo neto creado justificará la apertura total".

Convencido de que "hay que perder el miedo" a que los comercios amplíen sus horarios de apertura, pide que se cree un Observatorio de Seguimiento de esta iniciativa, cuyo éxito o fracaso lo determinará el empleo neto que se genere.

Para la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) de Madrid, la nueva ley desequilibra la oferta comercial, elimina la competencia del comercio de cercanía y es "incomprensible" para su portavoz, Antonio López, que frente a esta "barra libre" aboga por una regulación del sector y un modelo en el que coexistan los diferentes formatos comerciales.

A su juicio, los consumidores madrileños no necesitan más apertura comercial para satisfacer sus necesidades de compra; no está acreditado que la apertura de horarios genere automáticamente más trabajo; y no hay pruebas de que, por si sola, haga crecer la economía.