LOS recortes en los servicios sociales públicos suponen una "enorme amenaza" para las mujeres trabajadoras que se verán obligadas a recortar su dedicación profesional para compensar los ajustes, especialmente en el cuidado de niños, mayores y enfermos.
Esta es una de las conclusiones del informe El trabajo no remunerado en la economía global, realizado por catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma y profesora de Investigación del Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CISC María Ángeles Durán.
"Cualquier restricción en los servicios públicos la va a pagar primero la mujer con empleo. ¿Quién va a cuidar al niño que se queda sin guardería o al anciano al que hay que sacar de la residencia por falta de medios?", planteó Durán en la presentación del informe.
El estudio analiza las necesidades y preferencias de los españoles en materia de cuidado de dependientes y la situación del sector del trabajo doméstico remunerado y cómo le ha afectado la crisis y la nueva legislación.
Además, pone de manifiesto la escasa confianza de la sociedad en que las Administraciones prestarán algún tipo de apoyo o compensación a las familias por hacerse cargo de los mayores.
Según Durán, el informe también pone de manifiesto la enorme importancia de la familia, no solo como red de apoyo en momentos de crisis, sino como un pilar fundamental en la economía española.
"La economía española se sustenta en dos patas: el mercado y las familias, y las medidas políticas no deben tomarse solo en función de los mercados y sin tomar en cuenta a las familias", asegura Durán.
cuidadores externos Según el informe, las preferencias de cuidado de los padres dependientes se dividen a partes iguales entre quienes lo limitan a la familia y quienes optan por el apoyo de cuidadores externos remunerados.
En cualquier caso, el 80% considera que cuidar de un dependiente impacta en la economía familiar pero muy pocos confían en ser compensados por la Administración, el dependiente o por el resto de su familia.
Así, el sentido de obligación de cuidado de los padres dependientes es mayoritario (91%) pero va acompañado de una "sensación de sobrecarga" y de la percepción de que la Administración es responsable o corresponsable en el cuidado.
En cuanto a quién debe hacerse cargo de las necesidades o problemas de las personas mayores que viven solas, un 37% cree que familiares o allegados, un 25% que las Administraciones Públicas y un 33% que una combinación de ambas.
También cabe destacar que, preguntados por las preferencias, el 43,7% de los entrevistados mayores de 65 años opta por asumir personalmente el cuidado de sus padres dependientes, mientras que sólo un 18% de los menores de 30 años lo contempla.
Esta realidad lleva al siguiente gran apartado del estudio: la contratación de cuidadores o empleados del hogar, lo que supone la remuneración del trabajo antes no remunerado.
Se trata de un sector especialmente "invisible" para las Administraciones y que ha sido el verdadero motor de la entrada de inmigrantes en los últimos años, pero que como consecuencia de la crisis y la nueva regulación del sector está decreciendo.
Así, el informe afirma que en España se calcula que hay unos 700.000 empleados domésticos, de los que solo 300.000 están afiliados a la Seguridad Social.
La nueva normativa prevé la equiparación de estos trabajadores pero aún no ha resuelto cómo se financiará la cobertura de los nuevos derechos adquiridos por estos trabajadores: si es el propio trabajador que se inscribe como autónomo, si es el empleador o si es la propia Administración quien se hace cargo.
El hecho de que la inmensa mayoría de las familias empleen ayuda doméstica por menos de 10 horas semanales complica aún más la regularización a través del empleador.
Por todo ello, "hay que prever una enorme resistencia a hacer público y visible este sector oculto", según vaticina la autora del estudio. Para Durán todas estas cuestiones plantean un gran reto que la sociedad debe resolver en los próximos años.
