Vitoria. La decisión adoptada por el Ministerio de Industria, que de facto abre las puertas para que la central nuclear de Garoña siga operando hasta 2019, ha encendido los ánimos de la sociedad civil alavesa y de buena parte de los partidos políticos con representación institucional en el territorio histórico. De hecho, tras la publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) de la orden ministerial que revocaba la clausura de la planta burgalesa para julio de 2013 y que encauzaba los intereses de la explotadora del recinto atómico, Nuclenor, la iniciativa Araba sin Garoña y PNV, Bildu y PSE han maniobrado para arrinconar al PP -que gobierna la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Vitoria, además del Gobierno central, responsable de la continuidad del fantasma nuclear- y señalarle como responsable único de tales circunstancias.
Por una parte, Araba sin Garoña, la iniciativa ciudadana que reúne a distintos grupos y asociaciones de toda índole a favor del cierre de la central nuclear ubicada en el Valle de Tobalina, a escasos 50 kilómetros del centro de la capital alavesa, ha decidido intensificar las protestas contra la decisión del Gabinete Rajoy. Para ello, ha convocado para hoy mismo -12-00 horas- una concentración frente a la sede gasteiztarra de la formación conservadora. La protesta será a las 12.00 horas y tratará de denunciar la actitud "irresponsable e infundada del Gobierno central respecto a la prórroga" de la vida de la central nuclear más antigua de todas cuantas operan en España y que es conocida como la de las mil grietas por los continuos problemas que han convivido con esta infraestructura energética a lo largo de sus décadas de vida.
Por otra parte, en el Ayuntamiento de Vitoria, una mayoría de ediles -de los grupos municipales PNV, PSE-EE y Bildu, todos los de la oposición al Ejecutivo del popular Javier Maroto- han registrado una moción en la que instan al Ayuntamiento a que recurra la orden del Ministerio de Industria que permite prolongar la actividad de la central burgalesa de Santa María de Garoña y deja sin efecto su cierre previsto en 2013. Las tres formaciones piden al alcalde de la ciudad que ordene a los servicios jurídicos la presentación "en tiempo y forma" de un recurso de reposición contra dicha decisión del Gobierno central, gobernado por el mismo color político que rige los destinos de la capital alavesa. De presentarse este recurso, sería el segundo tras el anunciado por agrupaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción. En cualquier caso, en la justificación del texto, PNV, PSE y Bildu recuerdan que la central de Garoña es desde 2006 la "más vieja del Estado" y señalan que fue diseñada para una vida útil de 40 años, plazo que expiró en marzo de 2011. Aseguran que los "sucesivos fallos" de su actividad demuestran que la central "sufre serios problemas de seguridad" a los que hay que sumar "un problema de agrietamiento consecuencia de la corrosión". Por todo ello, "la prolongación de su funcionamiento supone un riesgo inadmisible para el medioambiente y la seguridad pública, poniendo en riesgo la vida de millones de personas que residen" en su entorno, denuncian los grupos de la oposición.
Además, desde el grupo juntero del PNV, se propuso ayer que la Cámara foral presente un recurso ante los tribunales de Justicia contra la revocación del cierre de la planta atómica. En ese sentido, el grupo jeltzale señaló que, en lo últimos años, han sido "varias" las mociones aprobadas por la mayoría de las Juntas por las que se insta al Gobierno central al cierre "inmediato" de la central. Para el PNV, estas mociones "ponen de manifiesto" que los riesgos que supone para Álava la prórroga de Garoña hacen "necesaria" la adopción de "todas las medidas posibles" para evitar su continuidad.
En opinión del portavoz del PNV en la Cámara foral, Ramiro González, la prórroga que el Ministerio de Industria ha concedido a la central "pone en riesgo la salud y la vida de los alaveses y sólo responde a planteamiento e intereses economicistas. A la vista de que los pronunciamientos de las Juntas, que representan el sentir mayoritario de la sociedad alavesa, no han conseguido frenar las intenciones de prórroga del Gobierno de Mariano Rajoy, desde el grupo juntero creemos que es necesario pasar del pronunciamiento político a los hechos".
Por su parte, desde el grupo juntero del PSE se presentó una moción en la que propone que desde la Cámara foral se inste al Gobierno central a que, mientras la central siga abierta y en funcionamiento, permita que los expertos independientes de la Comisión Europea realicen las pruebas de resistencia necesarias e inspeccionen sus instalaciones.
La portavoz socialista en las Juntas, Cristina González, señala que la moción se debe a que la Comisión Europea ha decidido reabrir las pruebas de resistencia a las centrales nucleares del territorio histórico.
