Vitoria. Un total de 3.637 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en Euskadi dejarán de percibir cautelarmente esta ayuda en la nómina de julio por haberse negado a participar en planes de empleo, estar ilocalizables o por no haberse presentado a su cita con el orientador profesional de Lanbide.

El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) dio a conocer ayer esta nueva operación de control, que se suma a la que tuvo lugar durante el primer trimestre del año, con lo que son ya 5.668 los beneficiarios que dejarán de cobrar la RGI, lo que supondrá al Gobierno Vasco un ahorro de 47,88 millones de euros.

En esta ocasión, el 79,8% de las irregularidades que han provocado la suspensión cautelar de esta prestación se han dado en Bizkaia, territorio que también encabezó los incumplimientos legales detectados en el primer trimestre de este año, con un 72,2% de los casos.

El ahorro que supondrá para las arcas vascas eliminar la prestación a 3.637 beneficiarios asciende de 30,6 millones de euros, a los que se suman los 17,28 millones por la suspensión de la RGI a los 2.031 perceptores que la cobraban hasta el primer trimestre de este año. Los 5.668 perceptores que dejarán de cobrar la prestación por incumplir la ley representan el 9,7% del total y el ahorro de 47,88 millones supone el 12,3% del presupuesto destinado a esta partida.

A la mayoría de los 3.637 beneficiarios de la RGI que dejarán de serlo a partir de este mes, concretamente a 2.780, se les ha retirado la ayuda por no haber acudido a la cita con su orientador profesional sin causa justificada, estar ilocalizables o haberse negado a iniciar el proceso de activación laboral. A ellos se suman 451 personas que rechazaron participar en los planes puestos en marcha por Lanbide para zonas especialmente desfavorecidas, donde se concentra la mayor parte del desempleo.

Otros 336 perceptores se negaron a participar en el plan piloto que se desarrolla en Bilbao para mejorar las posibilidades de empleo, y 70 son extranjeros que han sido expulsados de España por orden judicial por haber cometido uno o varios delitos y seguían cobrando la RGI.

La consejera vasca de Empleo, Gemma Zabaleta, puso en relieve que "el sistema de protección es muy amplio, pero también debe ser exigente en el cumplimiento de la ley y determinar que detrás de cada nómina de la RGI hay personas que viven en Euskadi y que están dispuestas a ser activadas para el empleo". "La ley es un doble derecho: el derecho a la Garantía de Ingresos y también a la inclusión activa".