MADRID. El PP denunció que la ley vulnera el artículo 32 de la Constitución, que establece el derecho al matrimonio, y vio igualmente quiebra constitucional en otros seis artículos (10.2, 14, 39, 53.1, 9.3, y 167) además de acusar al legislador de un uso fraudulento del término.
La ponencia sobre este asunto ha recaído en el magistrado del denominado "sector progresista" Pablo Pérez Tremps, que ha presentado un texto contrario a la aceptación del recurso que confirmaría la constitucionalidad de la norma. La mayoría de magistrados adscritos a este sector parece apuntar la denegación del recurso.
La importancia del asunto y el hecho de que el recurso se presentara hace ya casi siete años podría motivar el aplazamiento de las deliberaciones hasta que se produzca el relevo efectivo de los magistrados Elisa Pérez Vera, Javier Delgado, Eugeni Gay y el fallecido Roberto García-Calvo, lo que se espera para finales de este mes, según las mismas fuentes.
No obstante, la renovación no parece que vaya a variar mucho el equilibrio de fuerzas existente en el tribunal, ya que se pasaría de una mayoría de 7 magistrados "progresistas" frente a 4 "conservadores" (si bien el designado por el PSOE Manuel Aragón ha venido votando en diversos asuntos con el bloque conservador) a una situación de 7 a 5.
El Partido Popular (PP) ha designado como nuevos miembros del Tribunal Constitucional al exdiputado por Granada Andrés Ollero y al magistrado del Tribunal Supremo Juan José González Rivas. A propuesta de PSOE se incorporan Fernando Valdés, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y la magistrada del Supremo Encarnación Roca.
