MADRID. En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ordena expresamente a la policía judicial que de la forma "más urgente posible", realice cuantas gestiones sean precisas para su localización, ya que puede tratarse de personas ancianas "cuyo testimonio es problemático".
Además, encarga a la Policía que remita al juzgado un informe sobre el estado físico y mental de cada uno de ellos para poder ser interrogados en esta causa, en la que investiga la denuncia remitida por la Fiscalía sobre el caso de María Luisa Torres, que acusa a la monja de arrebatarle a su hija recién nacida en marzo de 1982 y de haberla engañado diciéndole que su bebé había muerto.
El juez admite así en esa providencia varias pruebas solicitadas por las partes personadas en esta causa, en la que "sor María", de 87 años, está imputada por detención ilegal y falsedad documental.
En concreto, el magistrado pide la localización de una docena de personas, entre ellos, el director de la Clínica Santa Cristina en 1982, José Zamarriego; el jefe de Neonatología del mismo centro, Ignacio Villa, varios pediatras y puericultores y el responsable de Administración del centro sanitario.
Carretero también ha ordenado localizar para su posible interrogatorio al juez encargado del Registro Civil y el secretario del distrito Congreso en 1982, la asistente social de la Asociación Española para la Adopción (AEPA), María Isabel de la Vega, y otros responsables de la AEPA en el mismo año.
Asimismo, a petición del abogado de María Luisa Torres, ha remitido un oficio a la clínica, solicitando los libros de contabilidad de marzo a junio de 1982 para verificar los pagos de la paciente por su estancia en el hospital, que ascendieron a 74.444 pesetas (327 euros).
