Vitoria. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite el recurso presentado por Aralar contra la Estrategia Energética presentada hace escasas fechas en el Parlamento por el Gobierno Vasco, y que planifica el abastecimiento de energía de la comunidad para la próxima década. Según explicó el parlamentario de la formación abertzale Dani Maeztu cuando anunció el recurso a los tribunales, la aprobación de la Estrategia Energética se llevó a cabo sin someterlo antes a la Evaluación de Impacto Ambiental que prevén tanto la legislación europea desde 2001 como la española, desde 2006.

Fue el pasado 17 de febrero cuando Aralar planteó el recurso a un plan energético que el resto de formaciones políticas presentes en la Comisión de Industria han avalado con diferentes matices, y que pretende preparar la transición a las energías renovables reduciendo paulatinamente el uso de combustibles fósiles. Para Aralar, sin embargo, el proyecto mantiene un modelo de abastecimiento marcado por las grandes redes de infraestructuras y que no hace suficiente hincapié en la reducción del consumo por parte de la población en general y de las industrias.

Por otro lado, tal y como denunció Maeztu el pasado mes de febrero, "uno de los aspectos más graves y denunciables de la actuación del Gobierno es que la estrategia se haya aprobado sin ninguna participación ciudadana ni política, que es vital en la coyuntura actual, donde el modelo de desarrollo se ha puesto en entredicho". El parlamentario de la formación abertzale recordó que en los últimos años se está llevando a cabo "una revisión crítica del modelo que nos ha traído a este punto de crisis socioeconómica y medioambiental", y consideró en ese sentido que el plan elaborado por el ejecutivo mantiene la apuesta por ese modelo que considera caduco.

El objetivo del recurso admitido a trámite es "abrir un proceso de exposición pública para asegurar la participación ciudadana", y plantea la paralización de la Estrategia Energética como "medida cautelar" en espera de que la Justicia se pronuncie. Aralar también solicitó que el texto se presentara como un plan del Ejecutivo para abrir la puerta a las aportaciones de los grupos, objetivo que sí se logró.