Vitoria. Las desgracias nunca llegan solas. Pese a la falta de calidad de la citada sentencia castellana, lo cierto es que la cárcel de Zaballa ha logrado concitar toda la antención desde que el jueves se conociera que había estrenado su macabro contador de muertes. Entonces, se daba fe del primer fallecido en el interior del penal. Se trataba de un joven guipuzcoano de 30 años. Su muerte, sin embargo, adquiere hoy nueva trascendencia tras descubrirse ayer un nuevo fallecimiento en el presidio. En esta ocasión, se trataría de un recluso vizcaíno de 64 años, que respondería a las iniciales R.M.C. Según fuentes consultadas en Salhaketa (asoción de apoyo a la población reclusa), el fenecido sufría las consecuencias de una larga enfermedad que le habría confinado en la enfermería del penal hasta que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario gasteiztarra, donde falleció.

Además, y para más inri, se da la circunstancia de que el fallecimiento de este preso se conoció cuando Salhaketa buscaba información para completar su denuncia pública de la muerte del recluso guipuzcoano del pasado domingo -ayer se supo también que Instituciones Penitenciarias investiga este fallecimiento-. La idea de los responsables de la citada organización era poner en conocimiento de la sociedad lo ocurrido para contribuir así a evitar el goteo de muertes con la exigencia de responsabilidades y de las medidas "para respetar al derecho a la vida en ésta y en todas las prisiones y evitar la aplicación extrajudicial de la pena de muerte". Entonces fue cuando se tuvo conocimiento de la segunda muerte, que en realidad fue la primera del penal. Al parecer, el bilbaíno R.M.C. murió hace aproximadamente dos semanas tras ser trasladado a urgencias del hospital desde la prisión. Al parecer, sufría una enfermedad grave y había permanecido cinco meses en 2011 en la enfermería. Debería haber sido, a ojos de Salhaketa, "un caso claro de aplicación de la excarcelación por padecimiento de enfermedades graves o incurables tal y como contempla el artículo 92 de Código Penal y 196 del Reglamento Penitenciario". Pero, por desgracia, no ocurrió así.

En ese sentido, la organización de apoyo a los presos indicaba ayer que "nos preocupa la política de ocultamiento de información pública sobre esta muerte, pero además, la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes por causas no naturales, en su gran mayoría, de personas jóvenes que, no lo olvidemos, mantienen una relación de sujeción especial con la Administración del Estado y, éste, tiene la obligación de garantizar entre otros, su derecho a la vida. Esta situación es inaceptable, sobre todo, cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente".

Por todo ello, desde la asociación se insta a los medios de comunicación, a las instancias políticas y judiciales, así como a las entidades que trabajan en defensa de los derechos humanos, a que se dirijan a la Dirección del penal, a la Dirección General de Prisiones y al Servicio Vasco de Salud, que ya tiene transferida la sanidad penitenciaria, para que informen sobre las circunstancias de esta nueva muerte.