Vitoria. El próximo mes de julio, un total de 45 jóvenes deberán abandonar casi con toda probabilidad el centro de formación Ignacio Ellacuría. Son, en su mayoría, menores extranjeros no acompañados que han llegado a Vitoria sin estudios e incluso con problemas para comunicarse en castellano, por lo que su paso por estas aulas resulta fundamental para poder incorporarse al mundo laboral.

El Ayuntamiento de Vitoria y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco han decidido suprimir el programa Aulas de Inserción Sociolaboral Educativo, un curso previo a la realización de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIS), que son aquéllos destinados a alumnos que no han logrado superar la ESO y optan por aprender un oficio. El curso se venía impartiendo desde el año 2009 a raíz de un acuerdo alcanzado por las dos instituciones citadas, que forman el Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de Vitoria.

Los principales beneficiarios son menores extranjeros no acompañados, pero está abierto a todo tipo de alumnos con problemas "complejos" de escolarización. "El objetivo de este programa es mejorar la cualificación de los chavales antes de que accedan a un PCPI", explica Roberto González, profesor del centro Ignacio Ellacuría. La mayoría tiene entre 16 y 18 años, y aunque la puesta en marcha del programa es reciente, los docentes coinciden en que se están cumpliendo los objetivos marcados, ya que, concluido el curso, todos ellos han continuado con su formación.

Los recortes presupuestarios, sin embargo, han motivado que el Consorcio haya optado por eliminar este programa. Aunque la decisión no es firme, los profesores ya lo dan por hecho. Esta misma semana la Junta del Consorcio mantendrá una reunión para intentar que tanto la consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, como el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, "reconsideren" esta decisión.

La medida no viene sola. La eliminación de los cursos dirigidos a los menas conlleva el despido de toda la plantilla que se encarga de su ejecución. En concreto, cinco personas, es decir, todos los trabajadores laborales indefinidos del Consorcio, que está compuesto por personal docente con más de 25 años de experiencia y dedicación en diferentes programas educativos, así como personal de gestión y de administración. "Todo esto en favor de la externalización, a través de una empresa de servicios, de programas educativos que hasta hace dos cursos eran impartidos por el personal propio", explicaron ayer los trabajadores en un comunicado.

Según recordaron, el Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional se creó en el año 1985, viendo la necesidad que planteaban algunos jóvenes. Entonces, la escolarización obligatoria era hasta los 14 años, pero hasta los 16 no podían trabajar, por lo que había un margen de dos años en el que algunos chavales se quedaban descolgados. Desde entonces, este organismo a medias entre el Consistorio gasteiztarra y el Gobierno Vasco ha ido ampliando su acción educativa a favor de la "integración social". El último programa que asumió fue el de los menas, que ahora ha sido eliminado. Por todo ello, anuncian una concentración hoy frente a la Delegación de Educación en Álava, en la que estarán respaldados por los sindicatos ELA y CCOO.

Reponer las cantidades En este sentido, el PSE exigió ayer el PP que "reponga las cantidades que le corresponde" tanto desde el Ayuntamiento como miembro del Consorcio, como desde la Diputación como colaborador necesario y competente en materia socioeducativa para asegurar la continuidad de este organismo. "El PP será el único responsable de la pérdida de este servicio y del despido de los trabajadores que lo atienden si no se enmienda de inmediato su actuación en ambas instituciones reponiendo las cantidades necesarias para el mantenimiento de este servicio que tan buenos resultados está dando a un colectivo de jóvenes en riesgo de exclusión social", aseguraron los socialistas en una nota.

Así las cosas, el PSE exige una rectificación urgente al alcalde Maroto así como al diputado general de Álava, Javier de Andrés, para que se mantenga el Consorcio.