Vitoria. El 30 de septiembre de 2010, la Diputación Foral de Álava anunció la puesta en marcha del Consejo Territorial de Servicios Sociales, un novedoso órgano de participación ciudadana compuesto por una veintena de responsables designados por diferentes colectivos sociales, técnicos institucionales, sindicatos y organizaciones profesionales y empresariales. La reunión fundacional del organismo tuvo lugar en aquella misma fecha, hace algo menos de dos años, y desde entonces hasta ahora sus integrantes no se han vuelto a encontrar, a pesar de que existe una normativa en la que se fija un calendario de trabajo para el Consejo. Esta paralización de sus funciones ha despertado la curiosidad de la oposición, que ha denunciado el incumplimiento de la Ley y exigido explicaciones al respecto.

De hecho, la representante de Ezker Batua en las Juntas Generales, Nerea Gálvez, registró ayer una interpelación dirigida a la diputada de Servicios Sociales, Marta Alaña, en la que se pregunta por la razón de no haber vuelto a convocar al consejo, "cuyo funcionamiento aparece regulado en la Ley vasca de Servicios Sociales" y en dicho texto se establece que "debe reunirse al menos una vez al semestre".

La portavoz de EB recordó que dicha Ley regula en su articulado la constitución de los consejos territoriales de Servicios Sociales en toda la CAV y denunció que en el caso de Álava sólo se ha llevado a cabo una reunión. Asimismo subrayó que el texto normativo aprobado en 2008 por el Parlamento Vasco marcó la diferencia con las anteriores leyes al reconocer que los Servicios Sociales son un derecho universal subjetivo.

En el momento de su presentación, el Gobierno foral destacó la importancia de este órgano y explicó que asumiría, entre otras funciones, el análisis de la situación de las prestaciones de los servicios sociales y su proyección de cara a futuro. Sus responsabilidades incluían propuestas en materia social y asesorará a la Diputación y a los consejos municipales que se creen. Gálvez considera que el Ejecutivo foral no sólo ha vulnerado el espíritu del organismo sino que además ha incumplido la Ley.

Paralelamente, el Consejo de Diputados aprobó ayer un nuevo decreto que regulará las subvenciones del Departamento de Servicios Sociales. A través de diversas líneas de ayudas, apoyarán a los ayuntamientos y cuadrillas, además a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que fomenten la igualdad entre sexos, la sensibilización y la convivencia intercultural dentro del territorio. También contribuirá a impulsar proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo y acciones de sensibilización en favor de la solidaridad internacional.