Vitoria. El pasado lunes, el portavoz de la plataforma que trabaja en defensa de los derechos de la población presa Salhaketa, César Manzanos, presentó un detallado informe elaborado por los servicios de prevención de riesgos laborales de Instituciones Penitenciarias en el que se daba cuenta de numerosas y en ocasiones "graves" anomalías detectadas en el penal de Zaballa sólo ocho meses después de su inauguración.
Las principales quejas hacían referencia a las bajas temperaturas registradas en algunas dependencias como la cocina, donde a pesar de tener las máquinas en marcha no se superaban los 12 grados -los trabajadores señalaban que se han alcanzado registros bastante más bajos en ocasiones-, y a las filtraciones de humedad que llegan a convertirse en charcos cerca de algunos puntos en los que operan equipos eléctricos, lo cual representa un riesgo añadido. Este análisis incluía algunas de las garitas de control de seguridad, pero no contempla las áreas reservadas a la Ertzaintza, ya que únicamente los responsables del Departamento vasco de Interior pueden acceder a las mismas.
En su repaso al estado del complejo penitenciario, Manzanos recordó que Zaballa ha costado 116 millones de euros y que la factura de su mantenimiento le supone al Estado 40 millones de euros por año. El portavoz de Salhaketa indicó que la ubicación del nuevo penal, en un lugar expuesto, dispara el consumo energético tanto en lo que atañe a luz artificial como a calefacción.
