Vitoria. los recortes planteados en Sanidad y Educación por el Gobierno central han precipitado la ruptura del pacto entre PSE y PP que aupó a los socialistas a la Lehendakaritza en el año 2009. Con todo, las consecuencias que estos ajustes podrían tener sobre la población vasca si finalmente llegan a aplicarse van mucho más allá de las meras turbulencias políticas. Toca detenerse en el ámbito sanitario, donde los recortes han sido una constante en Euskadi desde que estalló la crisis. Las nuevas medidas encargadas desde Madrid, ya publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende comenzar a aplicar a partir del 1 de julio, han sembrado de inquietud a numerosos colectivos como las personas mayores, los pacientes crónicos o los inmigrantes en situación irregular, sólo por citar algunos de los que aparecen en la letra grande del real decreto ley de medidas urgentes.

El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ya ha anunciado la presentación de dos recursos ante el Tribunal Constitucional para frenar la aplicación de los recortes en Euskadi, así como la puesta en marcha de medidas de asistencia social, como devolver dinero a los pacientes por el copago de medicamentos si Lakua debe asumir parte del decreto por ser de obligado cumplimiento. Ésta es una de las medidas estrella planteadas por la ministra de Sanidad, Ana Mato. Con la aprobación del decreto, la aportación de los ciudadanos al coste de los fármacos será a partir de ahora proporcional a la renta que perciben. Los usuarios con ingresos superiores a los 18.000 euros anuales deberán pagar el 50% de los medicamentos que consuman, mientras que los pensionistas con una renta inferior a ésta sufragarán el 10%, con un tope de ocho euros mensuales. Los que disfruten de ingresos mayores, deberán aportar al sistema un máximo de 18 euros al mes.

Para aplicar este copago, la Seguridad Social indicará a las autoridades sanitarias el nivel de aportación que debe hacer el beneficiario, desde exento total -en el caso de las personas en paro- hasta los que ganan más de 100.000 euros al mes. Otros fármacos quedarán excluidos de la financiación pública, como los indicados para tratar "síntomas menores" o los que compartan su principio activo con medicamentos que se vendan sin receta. Los enfermos crónicos, sobre todo las personas mayores, se verán especialmente perjudicados por esta medida al tener que consumir numerosos fármacos para paliar sus síntomas. Y más si sufren con dureza el azote de la crisis.

Pedro Rivero, presidente del Colegio alavés de Farmacéuticos, alerta sobre esta circunstancia. "El copago de medicamentos, en un escenario dominado por los pacientes en situación de cronicidad, puede conducir a situaciones de infrautilización de medicamentos, a pérdida de adherencia a los tratamientos y, en definitiva, a situaciones de ineficacia terapéutica. Este aspecto es más evidente cuando afecta a los colectivos de población más vulnerables, con menos recursos económicos o de mayor edad", remarca Rivero.

Desde la Asociación de Pensionistas, Jubilados y Viudas, Las cuatro Torres, Antonio González pone de relieve las dificultades por las que atravesarán numerosos mayores si prosperan las medidas de ajuste. Con unas pensiones "muy bajas", no superiores a los 600 euros en muchos casos, los casos de necesidad se multiplicarán. "Hay mucha gente mayor que, además de ganar poco, está manteniendo a sus hijos y nietos debido a la crisis", subraya el presidente del colectivo. "La gente está muy cabreada", insiste González, quien ve "difícil" que prospere el recurso del Gobierno Vasco. "Si sale, bienvenido sea", recalca.

Dentro de las medidas de ajuste, destaca también la aplicación del copago en las prótesis, los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente, el que emplean los pacientes para ir a diálisis o rehabilitación, al considerarlos el Ejecutivo "servicios accesorios". La indignación no puede ser mayor en el seno de Alcer, la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales. Cerca de 90 alaveses, muchos de ellos mayores y que necesitan ese transporte, acuden tres veces por semana a Txagorritxu y Santiago para someterse a sesiones de hemodiálisis. Con esta medida, "la gente tendrá que arreglarse a partir de ahora con taxis o la ayuda de familiares", recuerda el presidente de Alcer, José Antonio Rioja. Lo peor, de nuevo, es que "hay pacientes ya muy mayores y que tienen unas pensiones mínimas". El colectivo ya ha empezado a movilizarse a nivel estatal. "No se puede consentir que a alguien al que le ponen el transporte por prescripción médica, y esto es porque lo necesita, luego se lo quiten", censura Rioja.

Sin acceso a la salud Otro aspecto del decreto que ha removido conciencias es el que se refiere a la nueva situación de los inmigrantes que no están regularizados en el Estado. El Gobierno establece que a partir del próximo 1 de septiembre éstos sólo serán atendidos en Urgencias, en caso de enfermedad grave o accidente, y durante el embarazo, parto y postparto. Los menores de 18 años sí recibirán la misma asistencia que los niños con nacionalidad española. Nada más conocer esta medida, la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, advirtió de que Osakidetza "seguirá atendiendo" a los inmigrantes irregulares. Bengoa también insistió hace dos semanas en esta idea, garantizando tanto la asistencia a los sin papeles como el transporte gratuito no urgente.

Independientemente de que se apruebe o no esta medida, la presidenta de la Coordinadora de Personas Inmigrantes y Refugiadas de Álava (Kira), Mireya Perea, denuncia que se trata de "una violación directa al derecho a la vida", que situará al Estado a la altura de "países subdesarrollados" donde la población con menos recursos no tiene acceso a la salud, al margen de ser "una directriz racista y xenófoba, que divide a la población". Perea recuerda que muchos extranjeros que han debido salir del país debido a la crisis han cotizado durante años a la Seguridad Social, por lo que "han regalado" grandes cantidades a las arcas del Estado. Ese dinero, ahora, "debería revertir" en las personas sin permiso, según Perea.

Encarna de la Maza, portavoz del sindicato de enfermería (Satse), va aún más allá y denuncia que estas medidas van encaminadas "a la privatización de la Sanidad pública, que no deja de ser un nicho de negocio". Un "hachazo" que no sólo va a afectar a estos colectivos concretos, sino a toda la población. "Algo falla cuando se dice que el sistema no es sostenible pero se dedica a la Sanidad menos PIB que en otros países donde está privatizada, como Francia o Inglaterra", zanja De la Maza.