Vitoria. El Gobierno vasco ha cuantificado en 33 millones de euros el ahorro que supondría para Euskadi la aplicación de las medidas de copago aprobadas por el Ministerio de Sanidad, lo que no llega "ni a la décima parte" de lo que calcula el Ejecutivo central, según advirtió ayer el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández.
Fernández, junto al consejero Rafael Bengoa, compareció ante la Comisión de Sanidad del Parlamento para informar sobre las iniciativas adoptadas por Madrid para ahorrar, según sus cálculos, unos 7.000 millones de euros en Sanidad. Al igual que vienen haciendo varios miembros del gabinete de Patxi López desde el anuncio de los recortes en Educación y Sanidad aprobados por la Administración central, Bengoa insistió en que no quiere aplicar buena parte de esas medidas. De hecho, Lakua tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional las decisiones que considere que vulneren el autogobierno.
El viceconsejero aseguró que las medidas del decreto de reformas sanitarias que son "cuantificables" en estos momentos apenas supondrían un ahorro de 33 millones de euros para la CAV. De esa cifra, 30 millones corresponderían a los cambios en el copago farmacéutico, que entre otras cuestiones supondrán que los pensionistas tengan que pagar por sus recetas. Otros dos millones de euros se ahorrarían por el establecimiento del copago para el transporte sanitario no urgente y un millón más, a través del pago por materiales de ortoprótesis.
Fernández recordó que el Ministerio había estimado en más de 7.000 millones de euros el ahorro que se lograría en todo el Estado a través de las diferentes medidas contempladas en el decreto. Por ese motivo, señaló que, en función de ese cálculo, Euskadi debería lograr un ahorro de más de 300 millones.
Dado que el Gobierno autonómico estima que aplicando estas medidas sólo se gastarían 33 millones menos, el ahorro apenas supondría "una décima parte" de lo estimado por el Ministerio. Además, Fernández destacó que los costes administrativos y de otro tipo que supondría la aplicación de las medidas podrían ser incluso superiores al mencionado ahorro. De esa forma, aseguró que no se puede emplear "la excusa de la sostenibilidad" para realizar unas reformas "injustas" y "regresivas".
"señuelo" Fernández se refirió también a otra de las medidas más polémicas contempladas en el decreto, que establece la retirada de la tarjeta sanitaria para buena parte de los inmigrantes en situación irregular. Según afirmó, Madrid utilizó este "señuelo" para desviar la atención sobre el hecho de que, además de este colectivo, otros sectores de la población, incluso ciudadanos de nacionalidad española, perderán la condición de asegurado sanitario. Entre ellos, citó a los mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social y no logren acreditar que son "pobres de solemnidad".
En otro orden de cosas, el Departamento de Sanidad anunció ayer la convocatoria de becas y ayudas para la formación de profesionales del ámbito sanitario por un importe de 172.610 euros. Para poder acceder a ellas, es requisito indispensable poseer un título universitario superior o medio y estar empadronado en un municipio del País Vasco con, al menos, un año de anterioridad a la fecha de solicitud, según informó ayer el Gobierno Vasco.
Además, el Gobierno vasco aprobó la actualización del número máximo de efectivos, según grupos profesionales, con que puede contar Osakidetza, lo que supone un descenso de nueve cargos directivos, dadas las reestructuraciones realizadas en sus organizaciones de servicios.
