vitoria. La planificación y parte de la ejecución de Zaballa tuvieron lugar durante el periodo en el que aún no se adivinaba el verdadero alcance de la crisis. Costó 116 millones de euros a las arcas públicas y la factura que el Estado debe pagar para su mantenimiento anual se eleva a unos 40 millones de euros. Con estos datos en la mano, la asociación Salhaketa que trabaja en favor del colectivo de presos, explica que la infraestructura resulta económicamente "inviable". Una realidad que puede redundar en una falta de mantenimiento, en una rápida degradación del complejo y en un hacinamiento de los presos para tratar de ahorrar costes. La ubicación de la cárcel, en un lugar sombrío, dispara el consumo energético, indispensable para iluminar dependencias y para calentar estancias. "En Iberdrola deben estar muy contentos", señaló ayer el portavoz de la plataforma, César Manzanos.
En la actualidad, el complejo alberga a unos 600 reclusos. De los 11 módulos existentes, 4 se mantienen vacíos y en algunos otros la población supera ya el centenar de internos. Las salidas de estos edificios resultan escasas, por lo que los internos hablan de "microcárceles de aislamiento" y lamentan que, a pesar de haber espacio de sobra, muchas celdas están ocupadas por dos personas.
El Centro de Inserción Social (CIS), que aún se mantiene en el antiguo penal, sigue siendo objeto de polémica. manzanos aseguró ayer que "en lugar de un centro de inserción se ha convertido en un depósito de personas en tercer grado". Aseguró que los más de 100 reclusos que permanecen en este centro están "mezclados", de manera que comparten espacio jóvenes, mayores, sanos, enfermos, toxicómanos, hombres y mujeres. Una situación que puede generar serios conflictos.
