El Gobierno del PP se justifica en la crisis para asegurar la prórroga de Garoña hasta 2019

En concreto, tal y como ha podido conocer este diario, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha cumplido su promesa y ha puesto en marcha el proceso llamado a revocar de forma parcial la orden de clausura del recinto eléctrico. Así lo recoge un proyecto de orden del citado departamento firmado por el ministro José Manuel Soria el pasado 27 de abril. En el documento de marras, el Ministerio atribuye la decisión a razones de oportunidad. Al parecer, según el actual Ejecutivo central, el Estado no puede permitirse el lujo de vivir sin la central nuclear más antigua del Estado que, pese a todo, sólo genera el 0,3% de la electricidad con origen español.

Sea como fuere, el texto que inicia el proceso que revoca el cierre de la central argumenta que "en las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que España es uno de los Estados miembro de la Unión Europea con una mayor dependencia energética del exterior, no se debe infrautilizar ninguna de las fuentes energéticas disponibles". Por ello, estima que mientras las centrales que actualmente están en funcionamiento en España cumplan con todos los requisitos en materia de seguridad impuestos por el CSN, "deben seguir contribuyendo a la seguridad de suministro energético, a la optimización de los costes energéticos y a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero". Por estas "razones de oportunidad", Industria considera "desfavorable" que el anterior Gobierno ampliara la licencia de Garoña "sólo" hasta 2013, lo que define como un "acto administrativo, toda vez que carece de naturaleza normativa" y añade que "debe ser revisado". El caso es que, pese a todo, ya está en marcha la revocación de la Orden de cierre de la planta burgalesa emitida por el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero el 3 de julio de 2009, que establecía que el complejo debería cesar sus operaciones el 6 de julio de 2013.

Industria fija también que el titular de Garoña, Nuclenor, dispondrá de plazo máximo hasta el 6 de septiembre de 2012 para presentar una solicitud de renovación de licencia de operación por un nuevo periodo "no superior a seis años". Es decir, el Gobierno central en manos del Partido Popular (PP) amplía la actividad de Garoña hasta 2019. De esta forma, el Ministerio reconoce por completo los postulados del informe elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, por unanimidad, se mostró favorable a que la planta mantuviese su operatividad.

Una vez conocida la información, la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor -firma participada al 50% por las multinacionales Endesa e Iberdrola-, salió a la palestra para mostrar su satisfacción. En ese sentido, la compañía consideró el proceso iniciado como una "buena noticia" y como una "decisión coherente". En todo caso, según recoge Europa Press, las fuentes consultadas de la operadora apuntan que el inicio del procedimiento legislativo "no es la noticia que estaban esperando", sino que están a la espera de la orden ministerial definitiva que confirme la revocación del cierre.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero el organismo regulador español remitió un informe al Ministerio en el que concluía que no había "impedimento alguno" por razones de seguridad nuclear o protección radiológica para revocar la orden de cierre de Garoña de 2009, siempre y cuando se modificaran una serie de límites y condiciones. Posteriormente, con fecha de 6 de marzo y a petición de Industria, el CSN remitió un informe complementario para "precisar alguno de los extremos contenidos en su informe anterior".

En cualquier caso, la central burgalesa recordó ayer que desde Garoña "siempre se ha apostado por la continuidad de su actividad" y que, precisamente por ello, "han mantenido las inversiones para tener en todo momento a punto la planta". En concreto, según fuentes de la operadora, Nuclenor ha invertido del orden de 14 millones de euros anuales en seguridad, cifra a la que habría que sumar los 413 millones dedicados a su modernización desde finales de los 80 y en los 166 millones empleados desde 2001 para cubrir diferentes necesidades.

En ese mismo sentido, Nuclenor juega con la baza del apoyo recibido por la patronal nuclear y por organismo como la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). Las cifras facilitadas por ésta avalan la productividad de la central y recuerdan que el complejo generó 3.747 millones de kilowatios hora brutos durante 2011, cifra que convierte a Garoña en el mayor productor atómico de electricidad en relación a su potencia instalada -de 466 megawatios-. Este logro se ha esgrimido como argumento para reclamar la nueva autorización de explotación.

Reacciones contrapuestas Pese a todas estas consideraciones, la información ministerial no agradó a todos por igual. Así, mientras que desde la Junta de Castilla y León se recibió con agrado, desde los ámbitos ecologistas se tomó la decisión del ministro Soria como un ataque al equilibrio medioambiental. En concreto, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno castellano, José Antonio de Santiago-Juárez, elevó la apuesta de Soria hasta el grado de la excelencia. De hecho, añadió que "es una magnífica noticia para Castilla y León, una magnífica noticia para Burgos y para las 1.000 familias que veían peligrar su trabajo".

Por su parte, Greenpeace anunció su intención de presentar alegaciones al proyecto de revocación de la central -conocida como la de las 1.000 grietas por los continuos problemas que ha generado en los últimos años-. En ese sentido, la organización verde insistió ayer en la necesidad de mantener el cierre definitivo de la explotación por la citada acumulación de problemas técnicos y de seguridad, circunstancia lógica si se tiene en cuenta que la instalación es la más vieja del conjunto del Estado.