Vitoria. El plan del Ministerio de Educación para ahorrar 3.000 millones de euros, plasmado en un Real Decreto que ha levantado las iras de la comunidad educativa, no ha caído bien en el Gobierno Vasco, uno de los escasos feudos que les quedan a los socialistas en el Estado. Ayer, la consejera de Educación de la CAV, Isabel Celaá, tachó de "chapuza técnica" un texto que ignora cómo se va a poder aplicar en las comunidades autónomas.
En el ámbito concreto de la Universidad, la consejera cree que el Real Decreto es "una especie de jeroglífico". Celaá mostró su esperanza de que los rectores de las universidades españolas, tras su reunión del próximo 4 de mayo, exijan al ministro José Ignacio Wert que les explique de qué manera se pueden aplicar los recortes anunciados, y que argumente sus razones para cambiar las tasas para matrículas o masters, informa Europa Press.
Eso sí, lo que está "lamentablemente claro" son los horarios lectivos para la enseñanza no universitaria y las sustituciones recogidas en el Real Decreto. "Pensamos que imponer el horario lectivo del profesorado o la duración de las sustituciones es competencia de la comunidad autónoma porque afecta a tareas de organización, por lo que es materia susceptible de ser recurrida porque el Real Decreto ley lo expresa como materia obligatoria", dijo Celaá, quien entiende que el texto "invade competencias y merma la calidad de la educación".
El citado recurso estará preparado la semana que viene, y de momento en Lakua se estudia si presentarlo de forma conjunta con el Departamento de Sanidad, que también se verá afectado por los recortes de Madrid.
Flexibilidad Celaá pronunció estas palabras tras comparecer en la Cámara vasca, junto a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, para recabar apoyo político para su Ley de aprendizaje a lo largo de la vida. El proyecto del Gobierno Vasco pasa por la unificación de la Formación Profesional inicial y la formación para el empleo bajo el criterio de la "flexibilidad", explicaron ayer desde el Gobierno. Así, la idea es reconocer las competencias adquiridas con la experiencia laboral o permitiendo realizar estudios a distancia o de forma modular para hacerlos compatibles con otras actividades.
El primer "reflejo" de la Ley, explicó Celaá en el Parlamento, serán los centros integrados de formación profesional, que unirán en un mismo punto los servicios que ofrecen los departamentos de Educación y Empleo. Con esta Ley, según Gemma Zabaleta, "ya no habrá un tiempo para el aprendizaje y otro para el trabajo, sino que habrá un tiempo de aprendizaje a lo largo de la vida y una permanente recualificación de los trabajadores", con el fin de "aportar valor añadido a las empresas".
Desde el PNV se criticó un texto que debería ser "una oportunidad, no sólo para ordenar la formación continua y ocupacional, sino también para motivar e impulsar proyectos vitales de las personas, aportando un valor añadido al aprendizaje", explicó la parlamentaria Arantza Aurrekoetxea.
