vitoria. Ana Mato no sólo ha pasado de puntillas por las cifras reales de ahorro del nuevo sistema de copago farmacéutico sino que también ha dejado en el aire la aplicación práctica del medicamentazo. Introducir la variable de la renta de los pacientes en las recetas no será nada sencillo. Los farmacéuticos vascos se encuentran aún a la expectativa "porque el impacto depende mucho de cómo se plasme esta medida".

Ni siquiera el Ministerio sabe con certeza cómo se llevará a efecto. "Puede que la tarjeta sanitaria lleve un chip que contenga esa información, puede que el que disponga de los datos sea el médico y expida distintos talonarios, una receta de color blanco, verde o azul, en función de a qué colectivo económico pertenezca el paciente. Realmente aún lo desconocemos", admitían desde el gabinete de prensa del Ministerio.

Lo único que se sabe con seguridad es que con el nuevo sistema, los jubilados con pensión contributiva deberán abonar el 10% del precio de las recetas, con unos límites al mes de 8 euros en los casos de rentas anuales inferiores a los 22.000 euros y de 18 euros para los pensionistas que superen este nivel de renta. Además, se eleva la contribución de los ciudadanos activos hasta el 50 y el 60%, según los ingresos, y no se aplicará a los parados de larga duración y a las pensiones no contributivas.

Aparte de esos datos, el conocido como recetazo está lleno de imprecisiones. Para poner en marcha esta medida habrá que crear un sistema que asocie la tarjeta sanitaria a la renta de cada paciente. Un cambio que en Euskadi coincide con la implantación de la receta electrónica. El principal problema para expandir y unificar la tarjeta sanitaria es que cada comunidad ha comenzado este camino a diferente ritmo (algunas ya lo han terminado y otras ni se lo plantean) y con diferentes formatos. La falta de concreción es absoluta y ni siquiera los plazos anunciados parece que puedan cumplirse. El ya bautizado como medicamentazo prevé que en un plazo aproximado de dos meses los pensionistas empiecen a costearse los fármacos. Nadie, salvo Ana Mato, lo cree así. La ministra lo ve fácil ya que se han cruzado los datos de la Seguridad Social con los de Hacienda para fijar los niveles de pago. Mato también calcula que en dos meses estarán listos los nuevos talonarios de recetas que deberán identificar las nueve clases de copagos previstos. No están de acuerdo los farmacéuticos, que consideran que el plazo fijado es "demasiado optimista por las complejidades técnicas que comporta".

De la misma opinión es la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que también cuestiona el calendario que maneja el Ministerio de Sanidad. "Habrá suerte si se ha facilitado la nueva tarjeta a la mayoría de la población antes de fin de año", dice su portavoz Marciano Sánchez Bayle. De hecho, la puesta en marcha de este sistema de copago por niveles de renta es mucho más costosa que si se hubiera establecido una tasa única por receta, como ha establecido Cataluña. Este mecanismo, que estará funcionando en junio, no discrimina por niveles de ingresos y fija una tasa lineal para todos los pacientes. Marciano Sánchez calcula que sólo el coste de las nuevas tarjetas se elevará a 900 millones, "a lo que habrá que sumar el impacto que supondrá la puesta en marcha de las plataformas de pago y los cajeros".

Y aunque el Ejecutivo prevé ahorrar más de 7.200 millones de euros con la reforma de la financiación de la sanidad, la aplicación de este sistema llevará aparejados una serie de desembolsos extras como consecuencia de que el baremo establecido para discriminar quién paga más o menos está en función de la declaración de IRPF. Los primeros cálculos corroboran ese importe de veinte euros por tarjeta, que hay que multiplicar por 47 millones de usuarios, una cifra demasiado elevada.