bruselas. Los españoles se encuentran entre los ciudadanos europeos que pagan de su propio bolsillo una mayor proporción de los gastos totales en sanidad, según datos de 2009 recogidos por Eurostat y la Comisión Europea (CE).

En España, pese a que la atención sanitaria es gratuita y los "gastos compartidos" entre el paciente y el Estado se aplican sobre todo a los fármacos, los ciudadanos pagan de forma directa un mayor porcentaje del gasto médico total que en países donde existe copago tanto para servicios sanitarios como para medicamentos.

Los españoles abonan directamente un 20,7% del gasto total en servicios y productos médicos, frente a una media comunitaria del 14,4%, según datos correspondientes a 2009 e incluidos en un informe de la CE sobre los sistemas sanitarios nacionales.

Holanda es el país con menor nivel de copagos con un 6,2% en 2009, el cual consigue esa cifra incluso si en el país hay un esquema universal de sanidad gestionado por aseguradoras privadas, a las que los ciudadanos deben suscribirse de forma obligatoria.

En España, la mayor parte del gasto privado correspondió principalmente a los medicamentos (el 17% del gasto total en 2008) que también incluye prótesis, dispositivos ópticos y dentales, así como los servicios médicos y hospitalarios privados. El Estado costeó en 2009 un 73,2% del gasto sanitario total, mientras que las aseguradoras privadas financiaron el 5,5%.

Así, paradójicamente, la aportación directa de los usuarios españoles al gasto sanitario total es menor en otros países comunitarios como Alemania, Francia o Italia, donde los pacientes deben pagar de su bolsillo por la atención médica y por los medicamentos.

En la mayoría de los Veintisiete, los gastos médicos son compartidos entre los sistemas públicos, las aportaciones de las compañías privadas y los pagos directos de los pacientes, aunque las proporciones varían entre los países y el tipo de servicios. Y casi todos tienen esquemas que reducen o eliminan los gastos compartidos para determinados grupos de población, como los parados o los trabajadores con bajos niveles de ingresos.

Alemania aplica desde 2004 el copago a los productos y servicios sanitarios, de modo que los pacientes deben pagar entre 5 y 10 euros por cada visita al médico o al dentista, así como una parte de los fármacos.

Aún así, la aportación directa de los alemanes al gasto sanitario total fue del 12,9%, casi un punto por debajo de la media europea, frente al gasto público del 77,4% y el 9,6% aportado por las compañías privadas.

En Francia también existe el copago para la mayoría de bienes y servicios médicos, principalmente para la atención primaria, los especialistas y los fármacos. En este país, las aseguradoras médicas privadas complementarias ofrecen a los pacientes un porcentaje de reembolso de los servicios y fármacos mayor que el del sistema público.

Desde 2008, los pacientes deben pagar de su bolsillo tasas no reembolsables por las aseguradoras de un euro por cada visita al médico, de 50 céntimos por cada medicamento y de 2 euros por cada transporte médico.

Como resultado, el 78,1% del gasto sanitario total corresponde al Estado, el 7,6% a los pacientes (el segundo porcentaje más bajo de la UE) y el 13,5% a las aseguradoras privadas.

En Italia, la atención primaria y la hospitalización son gratuitas, mientras que se aplica el copago a las consultas con especialistas o a determinados diagnósticos mediante tarifas variables, al igual que a los fármacos prescritos en determinadas regiones.

Las visitas injustificadas a urgencias también pueden suponer un desembolso para los pacientes, así como los dentistas y los dispositivos ópticos.

En Reino Unido, los servicios médicos son gratuitos para todos los pacientes y el copago sólo se aplica a un cuarto de los medicamentos prescritos y a dispositivos ópticos y dentales. En 2008, los pacientes costearon un 11,1% del gasto total sanitario, las aseguradoras privadas un 7% y el Estado un 82%. No obstante, el Gobierno británico aprobó el mes pasado una reforma del Servicio Nacional de Salud (NHS), que traslada a los médicos de cabecera el control del presupuesto sanitario, hasta ahora gestionado por las autoridades sanitarias locales.

Así, el gasto público ascendió al 77,2% en 2008, mientras los pacientes aportaron un 19,5%.