Vitoria. Aunque no haya habido sorpresa alguna por ser los tijeretazos tan esperados como los aconteceres de una crónica anunciada, los recortes en los presupuestos de Educación y Sanidad del Gobierno del PP han dejado adheridos, casi paralizados a los ciudadanos. Hasta ahora se pagaba por las medicinas, pero ahora el escote se amplía para la población del al 50% con un 60% colateral para los pudientes que ingresen más de 100.000 euros anuales. Y en este "todos" también entran los jubilados, que con su nuevo copago del 10%, ven que su más que frecuente necesidad farmacológica será una nueva carga en su ya exiguo peculio.

Según anunció ayer la ministra de Sanidad, Ana Mato, los pensionistas del Estado, que actualmente no abonan nada por los medicamentos, tendrán un tope de pago de ocho euros al mes si su renta es inferior a 22.000 euros anuales y de 18 euros si supera ese límite. Los trabajadores en activo seguirán pagando el 40% de las recetas pero solo si ganan menos de 22.000 euros. Si superan esta exigua renta verán elevada su aportación hasta el 50% y llegará hasta el 60% si sobrepasan los 100.000 euros anuales. Los únicos que no abonarán nada en este nuevo copago por los medicamentos serán los parados sin prestación y los receptores de pensiones no contributivas. El plan, con el que se pretende ahorrar 7.000 millones de euros (un 10% del gasto sanitario público), y que será aprobado mañana en Consejo de Ministros, fue presentado ayer en el Consejo Interterritorial por la ministra Mato a los 17 consejeros autónomos, aunque la polémica medida había sido adelantada por Rajoy horas antes desde México.

La ministra también informó de otras medidas aprobadas. Entre ellas, la modificación de la normativa "para acabar con el turismo sanitario y los abusos de extranjeros que viajan al Estado para beneficiarse del sistema de salud". Asimismo se reformará un artículo de la Ley de Extranjería para garantizar que todas las personas que acceden a la prestación viven y trabajan en el Estado.

Cartera única Otra medida será la creación de una cartera única de prestaciones sanitarias común para todo el territorio. "En ninguna comunidad podrán ofrecer prestaciones que en otro territorio no se prestan", subrayó Mato. La ministra también se refirió a una nueva "cartera secundaria" que unifique la asistencia farmacéutica o los transportes no urgentes, que deberán ser revisados.

La intención de Sanidad es impulsar medidas para rebajar el precio de los medicamentos y reducir el gasto farmacéutico, y se pedirá un esfuerzo a la industria "para que no haya más pastillas de las necesarias en las cajas de los medicamentos". Para la ministra no tiene mucho sentido que haya comunidades donde se utilicen hasta un 70% de genéricos y en otras sea de menos del 30%. En esta línea, el objetivo que se marca es extender al máximo los genéricos en todo el territorio. Así, Mato anunció la creación de una central de compras única de medicamentos, "que ya se ha usado para las vacunas de la gripe y que nos ha permitido ahorrar seis millones de euros".

Tarjeta sanitaria Se pondrá también en marcha una tarjeta sanitaria única para todo el Estado, con la que además no hará falta ir al médico a renovar las recetas y el historial médico será también compartido. Ayer, el Consejo Interterritorial ya acordó categorizar esta cartera. Se trata de gestionar mejor la realidad asistencial, impulsar la eficiencia en su aplicación y mejorar la transparencia.

Por otro lado, se creará el Fondo de Garantía Asistencial, que solucionará los problemas de personas que viven en los límites de las comunidades autónomas y evitará problemas de asistencia, como ocurrió con el conflicto entre Euskadi-La Rioja. Aparte de superar las trabas burocráticas, lo que se busca es garantizar la cohesión y la equidad en el sistema mediante la dotación económica suficiente para cubrir los desplazamientos entre autonomías. Además, también quedan compensadas las autonomías cuyos servicios de salud atiendan a las personas desplazadas.

En relación a los recursos humanos, el Consejo acordó elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud para facilitar la movilidad.

Bengoa advierte El consejero de Salud del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, volvió a recalcar que el copago farmacéutico aprobado va a afectar a los pacientes crónicos y no será la "solución" a los problemas que actualmente tiene la sanidad española.

Sin embargo, Bengoa sí se mostró de acuerdo con otras medidas que se aprobaron en la reunión con la ministra como, por ejemplo, la prohibición del turismo sanitario.

El consejero instó a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a que, en próximas reuniones, se "escuche" a las comunidades y se decida "con ellas y no sobre ellas". En esta línea, Bengoa aseguró que algunas decisiones que se han tomado en el Consejo Interterritorial "dan pistas" en que se va en la "buena dirección". "Se ha alcanzado consenso en algunas cosas y en otras no. Nosotros no estamos de acuerdo con el copago porque no nos parece que sea una solución a los grandes retos que tenemos en el sistema sanitario español y creo que va a afectar a los pacientes crónicos", remachó.

rechazo del grupo vasco El Grupo Vasco en el Congreso también expresó su rechazo a las últimas medidas del Gobierno de Rajoy en Sanidad. El portavoz jeltzale en Sanidad, Emilio Olabarria, cree que las medidas en materia sanitaria deben garantizar un servicio público de calidad, tanto para esta generación como para la futura. "En cambio, estas medidas de recopago relativizan el derecho a una sanidad pública, gratuita y universal"

Además, el Grupo Vasco rechaza la aplicación de estas medidas en Euskadi, "ya que la Sanidad es una materia transferida a las comunidades por lo que el PNV no aceptará que bajo el pretexto de la crisis se intente alentar contra el autogobierno vasco", zanjó Olabarria.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) también se mostró en desacuerdo con el nuevo copago farmacéutico para pensionistas y a trabajadores activos según renta, "penalizará" a los ciudadanos con "más enfermos y a los más pobres" y, al mismo tiempo, no impedirá que "los defraudadores sigan sin pagar".

La organización considera "muy regresivas" las medidas adoptadas, ya que "generará desigualdades intolerables a la hora del acceso a las prestaciones sanitarias". Además, recuerda que "la experiencia internacional dice que los copagos favorecen la no cumplimentacion de los tratamientos, un mayor uso de urgencias y más tasas de hospitalización", por lo que "además de problemas de salud habrá que contar con este aumento de los costes".