Los nuevos recortes en la enseñanza que el Gobierno de Mariano Rajoy podría aprobar el viernes para contener el déficit autonómico pone al Ejecutivo de Patxi López contra la espada y la pared. El malestar entre los profesionales de la escuela vasca -alimentado por el continuo goteo de recortes aplicados los últimos tres años por el Departamento de Educación- deja al Gobierno socialista frente a dos alternativas de sentido unívoco. O no aplica las medidas propuestas por el ministro José Ignacio Wert, o no las aplica y, además, revierte sus propios recortes. De lo contrario, la titular vasca de Educación tiene asegurada una primavera caliente en las aulas.

Tal y como ha podido confirmar DNA, la mayoría sindical - LAB, STEE-EILAS y ELA- no descarta convocar una huelga en el sector dentro de un calendario de movilizaciones y "acciones contundentes" para hacer frente "al mayor ataque de la historia contra el sistema educativo vasco". Por ahora, la decisión no está tomada. Las tres centrales aguardan a que el Consejo de Ministros apruebe el viernes el real decreto con la batería de medidas de recorte -aumentar el número de alumnos por aula, el horario lectivo del profesorado, retrasar las sustituciones a 15 días y otas tres más- y ver si el Gobierno vasco decide aplicarlas, independientemente del eventual recurso que pueda interponer por la invasión de competencias de tres de las seis medidas del PP. Con todos estos elementos sobre la mesa, la semana que viene se reunirán y aprobarán un calendario de movilizaciones, con la huelga como un horizonte probable.

Tal y como ha podido saber ese periódico, el ultimatum de los sindicatos que representan a la mayoría de los 32.384 profesionales de la enseñanza pública vasca se compone de tres exigencias que trasladarán a las asambleas de los centros, los organos de sus organizaciones y demás agentes educativos. La primera que Gobierno Vasco "de marcha atrás" en los recortes que Educación ha impuesto estos tres años. En segundo lugar, que no aplique las nuevas medidas que se proponen desde el Madrid. Y en último término, romper con la subordinación del Gobierno central y en un ejercicio de soberanía y aprobar una Ley del sistema educativo vasco que atienda la realidad educativa de Euskal Herria. "De lo contrario, Isabel Celaá debería presentar su dimisión por coherencia", afirman Jon Muñux (STEE-EILAS), Jon Urrusolo (LAB) y Xabier Irastorza (ELA).

Se destruirán 4.000 empleos Desde el punto de vista de estas centrales, la nueva situación no solo empeorará la calidad de la enseñanza sino que supondrá la destrucción de 4.000 puestos de trabajo en la CAV y Nafarroa, donde ya se ha aumentado el número de horas lectivas del profesorado y el Gobierno foral acaba de anunciar que aplicará los recortes propuestos por el Ministerio, como el aumento del número de alumnos por aula.

"Estamos hablando de que va a haber trabajadores y trabajadoras que van a ver aumentadas las horas lectivas, aumentada su carga de trabajo, van a tener que hacer las sustituciones que se produzcan en el centro durante dos semanas, van a tener menos tiempo para preparar sus clases, las tutorías... Se contratará menos interinos. Es un círculo diabólico el que han diseñado con los recortes", afirman desde ELA, LAB y STEE-EEILAS. En este caso, UGT-Euskadi se suma al rechazo de los recortes del PP y pide a Lakua que no los aplique.

Ante este panorama, el Ejecutivo López se vio obligado ayer a intensificar en las formas las críticas que el lunes Isabel Celaá vertió contra los recortes a la salida de la Comisión Sectorial, donde anunció que estudiarían si invaden sus competencias. Pero tras la intervención de la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, el fondo de la cuestión sigue igual. A día de hoy, Lakua no sabe si aplicará los recortes o si tiene capacidad para presentar un recurso.

Mendia afirmó que el Gobierno Vasco defenderá "a ultranza" la calidad de los servicios públicos y el autogobierno ante las medidas de ahorro planteadas por el Ejecutivo de Rajoy. Eso sí, asumió que deberá aplicar aquellas que sean aprobadas como normativa básica teniendo en tal caso como única vía el recurso a los tribunales. Insistió en que los juristas del Gobierno Vasco deberán estudiar al detalle la vía elegida por el Gabinete del PP para aprobar sus propuestas de ahorro para determinar si son normativa básica o no. "Si del estudio se concluye que es de aplicación básica, sólo nos quedaría el recurso a los tribunales que efectivamente ejerceríamos", dijo.