El exmarido de una mujer desalojada por sus impagos exige 12.000 euros a Stop Desahucios

Stop Desahucios Bizkaia, que asesora también a las personas afectadas por las hipotecas en territorio alavés, recibió ayer la demanda de aviso en la que se cita a los representantes de este colectivo en los juzgados de Vitoria el próximo mes de mayo. Allí deberán dar cuenta de sus apariciones en los medios en las que denunciaban la situación que vivía Gloria Rodríguez, que se tuvo que ir a vivir con sus dos hijos a un cuarto en la casa de sus padres tras entregar las llaves de la que fue su vivienda en una sucursal de la Caja Vital.

La mujer ha llegado a esta situación tras una concatenación de situaciones que cada vez se repiten más en un colectivo especialmente vulnerable, como es el de las mujeres solas con hijos a su cargo. Gloria se divorció de su marido y se quedó a vivir en el piso del matrimonio con los niños, pero el hombre, según ella misma y Stop Desahucios denunciaron en su día, se negó a pagar la parte que le tocaba del crédito.

Cuando ya no pudo hacer frente al pago de la hipoteca, la mujer entregó su piso a la Vital y negoció con la entidad para poder quedarse en la vivienda en régimen de alquiler, y en esa situación permaneció hasta que la casa de sus padres -su madre era avalista del matrimonio- también empezó a verse amenazada. Aún debía 25.000 euros al banco para liquidar la hipoteca, aunque la vivienda ya había pasado a manos de la Caja y ella pagaba cada mes el arrendamiento de la que fue hasta hace poco su propia casa, así que se fue y empezó de cero.

Eso sí, no sin antes denunciar su caso ante los medios y proclamar que había perdido su casa a causa de los impagos de su exmarido, sujeto además a varias órdenes de alejamiento, según explica Stop Desahucios. La asociación acompañó a Gloria junto al movimiento 15-M en la entrega de llaves del pasado mes de octubre, un acto durante el que se exigió al Gobierno Vasco que facilitara un alquiler social a la mujer. Según la actual legislación, al menos deben pasar dos años desde que se deja de ser propietario de una casa para tener derecho a esta prestación, pese a que tanto el anterior Ejecutivo autónomo como el actual consideran el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo. Gloria cumplió con este requisito en noviembre, pero aún vive con sus padres.

Datos espeluznantes La situación vivida por Gloria no es más que un caso puntual dentro de una tendencia que se asienta con fuerza en la sociedad vasca. No en vano, los desahucios se han convertido en uno de los mayores dramas que ha traído consigo la grave crisis económica y son el ejemplo más descarnado de una situación en la que personas que hace poco tenían una vida hecha pueden verse en la calle e incluso en la mendicidad. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, en Álava se quedaron sin hogar 360 familias durante los tres primeros trimestres de 2011, un periodo en el que se contabilizaban 4.900 pisos vacíos en el territorio, más de 30.000 en todo Euskadi, y eso sin contar segundas residencias.

El dato coincide en el tiempo con la propuesta legislativa para atenuar los problemas de desahucios e impagos hipotecarios. La iniciativa define qué características debe cumplir un cliente bancario para ser considerado en riesgo de exclusión, como que la vivienda afectada sea única y habitual, que todos los miembros de su familia estén desempleados y la hipoteca consuma al menos el 60% de los ingresos que percibe. La vivienda objeto del embargo no podrá costar más de 200.000 euros en las ciudades de más de un millón de habitantes, ni más de 120.000 euros en el resto. Por otra parte, se incorpora un código de buenas prácticas que la banca puede asumir de manera voluntaria.