paradojas de la vida. La lista de espera para entrar a una residencia foral a 23 de marzo de este año ascendía a 500 personas y, sin embargo, apenas tres meses antes existían 35 plazas libres entre las 647 existentes en los centros forales de gestión directa y 18 más entre las 366 disponibles en recursos de gestión concertada y convenida. Es decir, algo más de un 5% de las plazas se encontraba desierta mientras medio millar de alaveses aspiraba a encontrar un hueco dentro de la red foral.
¿Cuál es la razón de esta actuación? Lejos del pensamiento asociado a posibles caprichos, la respuesta se centra más en la burocracia y en el estado deficitario de la atención o servicio de algunos de los centros ofertados. Así las cosas, en el primero de los casos, la tramitación de los ingresos en residencias conlleva un protocolo que permite adjudicar plazas dos veces a la semana. Sin embargo, el procedimiento administrativo retrasa el tiempo medio desde la notificación hasta el ingreso real unas tres semanas. Un tiempo que, sobre todo en el caso de las residencias de titularidad foral y gestión directa, es demasiado largo dada la elevada edad y el alto grado de dependencia de los interesados, circunstancia que origina nuevos fallecimientos. Esto, unido a las renuncias, conlleva un mayor número de tramitaciones de ingresos y traslados que prolonga mucho los procesos.
A pesar de que la necesidad de ingresar en alguno de estos centros es muy grande en algunos casos, la realidad es que muchos dependientes se niegan a aceptar el ingreso en algunos por las circunstancias asociadas a ellos. Así sucedió, por ejemplo durante 2010, en las ofertas para la residencia Ariznabarra, donde varias plazas concertadas no se ocuparon por el conflicto que mantuvo la empresa con sus trabajadoras hasta el año pasado, que motivó una caída de la calidad del servicio debido a las huelgas.
clínica álava Una situación similar atraviesa la Clínica Álava cuya continuidad en el servicio se ha mantenido en el aire los últimos ejercicios, lo que ha llevado a que varias personas hayan declinado la opción de alojarse allí. En este caso, la solución ha terminado en divorcio. Y es que inmersa de nuevo en un procedimiento concursal y con la presentación de un Expediente de Extinción de Empleo (ERE), la diputada de Servicios Sociales, Marta Alaña, ha anunciado ya su intención de no prorrogar en mayo con la actual gerencia el convenio por el que la Diputación ocupa 62 de sus 166 plazas. La duda se mantiene ahora en qué sucederá con las 50 personas que actualmente residen allí, puesto que Bildu ya ha denunciado que el Ejecutivo foral piensa en trasladarles a la residencia Albertia Etxea, recientemente inaugurada en la localidad de Miñano.
Estos datos demuestran que la revisión del modelo social reclamada por todos los partidos de las Juntas Generales de Álava está más que justificada. La necesidad de plazas nuevas y otros servicios ante un futuro que anuncia más de 13.400 dependientes en el año 2020 en el territorio histórico es un hecho. El modo de plasmarlo en la práctica en medio de una situación de crisis es ahora la mayor incógnita.
