Que todas las antenas de telefonía móvil instaladas en Vitoria cumplen con la normativa vigente es un hecho. Pero conviene leer la letra pequeña para comprender el fenómeno en toda su dimensión. Los colectivos vecinales preocupados por la irrupción de estas instalaciones en nuestro entorno diario explican que los límites que aplica el Ayuntamiento son los que en su día sugirieron las propias operadoras de telefonía y que, por tanto, resultan tremendamente permisivos. Las cosas han cambiado en los últimos años hasta el punto de que la Agencia Medioambiental Europea lleva un lustro instando a las distintas administraciones a restringir los valores máximos permitidos a 0,1 microwatios por centímetro cuadrado, cuando el rango permitido por el Consistorio gasteiztarra va de los 200 a los 1.000 microwatios.

La Coordinadora Vasca de Afectados por la Contaminación Electromagnética, Covace, explica que las ordenanzas que siguen el modelo de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) niegan la posibilidad de que haya efectos nocivos por debajo de los límites oficiales y se centran en el fomento del desarrollo de las comunicaciones inalámbricas. Otras regulaciones que sí velan por la salud de los ciudadanos, denominadas garantistas, se dividen a su vez entre las que limitan los niveles de exposición del público y las que intentan reducir el impacto de las antenas en la salud mediante el establecimiento de distancias, sobre todo en puntos concretos como colegios u hospitales. El censo municipal de 2010 señala que en Vitoria funcionan 134 antenas, de las cuales 111 son emisores de telefonía móvil y 23 lanzan ondas de radio y televisión. El proceso de creación de una ordenanza reguladora de emisiones electromagnéticas se estancó en 2011, por lo que ahora, cumpliendo con los principios de la capitalidad verde, muchos exigen que se retome.

Al margen de los grupos ecologistas tradicionales, en Vitoria operan dos colectivos que se oponen específicamente al descontrol electromagnético: Antenarik Ez Gasteiz y Plataforma Gasteiz <0,1. Además, la ciudad cuenta con una agrupación, la Asociación de Padres y Madres de la Ikastola Ibaiondo, dispuesta a que se retome el debate y la vigilancia de las antenas. La constatación de que existen 10 emisores de telefonía a escasos 30 metros del centro escolar y que varios se han instalado presuntamente de forma ilegal, ha suscitado una honda preocupación entre los tutores de los alumnos, quienes demandan al Consistorio que aplique el principio de precaución.

El recuerdo de lo ocurrido hace ya una década en la escuela García Quintana de Valladolid, en torno al cual se ubicaban varios repetidores de telefonía móvil y en el cual se detectaron cinco casos de cáncer infantil, pesa en la memoria de los padres de los alumnos de la ikastola. Al mirar hacia arriba desde el patio, se observa sobre la azotea de un vecino recinto hotelero un mástil portaantenas. Concretamente el que pertenece a Movistar y que, según denunció el grupo municipal de Bildu en su día, se ha instalado ilegalmente. Los padres explican que, en teoría, el establecimiento cuenta con sólo dos postes, aunque la documentación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo dice otra cosa. Certifica que hay cuatro portaantenas con 10 emisores colgando de ellos. Tres de Movistar, uno de Xfera, tres de Vodafone y otros tres de France Telecom. Al margen de la ilegalidad de uno de ellos, a los padres les preocupa que, con la ordenanza municipal vigente en la mano, cada portal, en este caso el número 8 de la calle Tarragona, sólo puede albergar un poste. La resta es sencilla, con lo cual sobran tres.

mediciones El pasado 6 de marzo, los padres de los alumnos celebraron una charla en la sala de informática de la ikastola. No les resultó sencillo, ya que afirman que la dirección del centro, lejos de facilitarles la labor, les pone "trabas". La persona que ejerció de portavoz informó al resto que en el lugar en el que se encontraban se habían realizado mediciones puntuales y que los resultados avalaban que se respetaba el máximo de 0,1 microwatios. En concreto, se registraron 0,043 microwatios, menos de la mitad de lo que ellos piden. "Había usuarios de distintas operadoras de telefonía y todos pudieron comprobar que sus terminales estaban a tope de cobertura, con lo cual quedó demostrado que no es necesario subir la intensidad de las antenas para garantizar el servicio", explicaron.

El problema del centro, sin embargo, se localiza en el patio infantil, donde se detecta entre 8 y 15 veces más de la radiación propuesta, en el campo de fútbol, con emisiones de entre 7 y 10 veces más, y en el acceso principal, donde el límite se supera cuatro veces. "El problema es por acumulación a la exposición y nuestros hijos pasan muchas horas al día en estos puntos", lamentan los padres. "Es peligroso, sobre todo en grupos sensibles como los niños", advierten desde Covace.

Además de hablar con el Ayuntamiento, el grupo de tutores se ha reunido con los responsables del Gran Hotel Lakua, quienes han mostrado su disposición al diálogo. Les han comunicado que ya se han puesto en contacto con las empresas responsables de estas infraestructuras y que, a corto plazo, podrían apantallar la base de los sistemas emisores de forma que la radiación que actualmente va a parar al patio de la ikastola se desvíe hacia el cielo. El Consistorio, por su parte, se ha comprometido a instalar un medidor fijo de emisiones en el centro educativo para evaluar el alcance del problema.

El problema fundamental en torno a la polémica de la exposición a los campos electromagnéticos radica en que ningún estudio científico ha sido capaz de establecer una relación incontestable de causa efecto entre las emisiones y la aparición de enfermedades, lo cual no significa que no exista una vinculación directa entre ambas. De hecho, el propio Parlamento Europeo reconoció en 2008 que sus propios límites habían quedado obsoletos. Igualmente, en 2011, la misma Cámara señaló que las ondas de alta frecuencia utilizadas en el ámbito de la telefonía móvil "parecen tener efectos biológicos no térmicos potenciales más o menos dañinospara plantas, insectos y animales, así como en el cuerpo humano cuando se expone a niveles inferiores a los umbrales oficiales". También advierte de que "esperar a tener pruebas científicas y clínicas sólidas puede provocar unos costes sanitarios y económicos muy elevados, como fue el caso en el pasado del amianto, la gasolina con plomo y el tabaco". "Espero, por nuestro bien, que se equivoquen en sus predicciones", concluye uno de los padres.