Donostia. Tras un año de trabajo, de denuncias y de recopilación de pruebas y documentos, la investigación de la presunta trama de robo de bebés que sacudió Euskadi y el resto del Estado entre los años 40 y 80 -también hay algún caso en la década de los 90- empieza a coger forma. Doce meses después, parece que la Justicia se ha puesto del lado de las familias afectadas, al menos en Euskadi, una de las pocas comunidades en la que las investigaciones dan sus primeros frutos. Y es que, tras las tres exhumaciones realizadas, dos de ellas en Gipuzkoa -en Donostia e Itsasondo-, y otra en Bizkaia -Derio-, donde no se han encontrado restos biológicos, parece que por fin partidos políticos, fiscales y jueces han decidido llegar hasta el fondo de este asunto.

Así lo anunció el pasado viernes la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, tras reunirse con varios miembros de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) y SOS Bebés Robados. "En Euskadi, a diferencia de otras comunidades autónomas, se investigarán los casos de bebés robados hasta el final", prometió la consejera. Para ello, el Gobierno Vasco ha creado una comisión integrada por los departamentos de Sanidad, Justicia e Interior, que se encargará de investigar la presunta trama de adopciones irregulares.

Reivindicación El Gobierno Vasco ha tardado un año en dar un claro paso al frente a la hora de posicionarse sobre este asunto, una petición que las familias vienen reivindicando desde que salieran a la luz los primeros casos de supuestos robos de bebés.

Hasta que no se han conocido los resultados de las primeras exhumaciones, los líderes políticos se han mantenido al margen de este asunto e, incluso, afectados de la presunta trama lamentaban que la Justicia no estuviera por la labor de investigar. "Estamos pensando que aquí no hay voluntad y nos van a dar carpetazo a todo. Ya se está viendo en el resto de España. Es cuestión de tiempo, de meses", denunciaba a principios de este mes Flor Díaz, presidenta de SOS Bebés Robados.

Sin embargo, la consejera Mendia insistió la pasada semana en que "las instituciones están unidas para esclarecer los hechos y existe una instrucción que ordena a jueces y fiscales que investiguen hasta el final", unas palabras que han cambiado la percepción de los afectados. "Al menos ahora parece que sí hay una voluntad de investigar lo que ocurrió", comentaba hace escasos días Amadeli Díaz, portavoz de esta misma entidad.

El territorio más castigado por esta presunta trama es Gipuzkoa, donde, de momento, hay 126 denuncias en fase de investigación, mientras que otras nueve han sido archivadas de forma provisional por falta de pruebas.

Y es que, para que las denuncias prosperen, las familias se ven en la obligación de presentar el mayor número de documentación posible, tarea que en muchas ocasiones se presenta complicada ya que hay muchos papeles que han desaparecido con el tiempo.

Exigencia a los centros Aunque el consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, avisara la pasada semana de que Osakidetza va a ser "muy exigente" con todos los centros sanitarios para que se aporten los documentos exigidos por las familias, el tiempo transcurrido juega en contra de los afectados. Lo mismo ocurre a la hora de encontrar responsables, ya que algunos de los médicos, enfermeras, monjas y religiosos que tomaron parte en el supuesto robo de niños han fallecido ya y la gran mayoría son personas de avanzada edad.

Por ello, el Fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, advirtió de que "será difícil que se pueda atribuir una responsabilidad penal a los responsables. La investigación va en esa línea pero será difícil". Calparsoro detalló que esto se debía, sobre todo, "al tiempo que ha pasado en algunos de los casos".

Por el momento, serán las exhumaciones las que sigan arrojando algo de luz en estos casos. SOS Bebés Robados espera que, por ejemplo, haya nueve desenterramientos en Gipuzkoa en los próximos meses.