Vitoria. La juntera de Ezker Batua en Álava Merche Echezarreta, ha dirigido una pregunta a la diputada de Bienestar social, Marta Alaña, que ésta deberá responder en pleno, sobre el "agravamiento" de la situación de menores no acompañados en Alava. La procuradora de EB manifiesta en su iniciativa sus dudas sobre la seguridad que ofrecen las pruebas óseas que realiza a los menores para determinar su edad, las cuales "tienen un margen de error de dos años" y que pueden suponer la expulsión del centro foral. El Ararteko ya denunció en un informe el pasado año que los sistemas para determinar la edad "no funcionan por sus amplios márgenes de error".
Echezarreta se pregunta si Alaña es consciente de la situación a la que aboca a los jóvenes inmigrantes obligados a abandonar el centro de menores. Además, plantea a la diputada la posibilidad de cambiar el protocolo de actuación de su Departamento para que los menores que según las pruebas óseas puedan ser mayores de edad puedan seguir el protocolo de inserción social aplicado hasta ahora. La representante de Ezker Batua ha realizado esta iniciativa tras reunirse con la plataforma alavesa de apoyo a jóvenes inmigrantes. El colectivo ha denunciado la situación que viven los menores no acompañados tutelados por la Diputación de Álava cuando son identificados como mayores de edad mediante unos test, "que tienen amplios márgenes de error y que suponen el abandono del centro foral de menores, así como la exclusión del itinerario de inserción social".
La Diputación alavesa ha dejado ya fuera de este circuito a una veintena de jóvenes que estaban beneficiándose de la protección que tienen los menores en este territorio tras demostrarse mediante las controvertidas pruebas que tienen más de 18 años. La diputada foral de Servicios Sociales, Marta Alaña, aseguró esta misma semana no tener dudas sobre la situación de necesidad de estos jóvenes extranjeros no atendidos por la Diputación, si bien recordó que este desamparo sólo obedece a que los damnificados por la medida sólo se hacían pasar por menores de edad y que, por lo tanto, carecían de derechos para beneficiarse de los centros de acogida y de los programas de tutela. La portavoz del PP insistió en que "la Diputación no ha abandonado a ningún menor de edad" en la calle y advirtió de que las personas que han sido expulsadas "nunca deberían haber ocupado una plaza en los centros de acogida". Subrayó que no tienen derecho a la ayuda económica de dos meses ni al programa de seguimiento del que se benefician los menores extranjeros cuando alcanzan la mayoría de edad en estos centros porque habían cumplido los 18 antes de acogerse a en los recursos forales.
