Vitoria/Burgos/Madrid. La cuenta atrás para prorrogar la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña ya está activa. No en vano, desde el Gobierno central, ahora en manos del Partido Popular, ya se han dado los pasos formales y administrativos previos a la derogación del decreto del anterior Ejecutivo -gobernado entonces por José Luis Rodríguez Zapatero- que auspiciaba el cierre definitivo de la planta atómica burgalesa, conocida como la de las 1.000 grietas, en 2013. En ese sentido, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) -órgano que vela por la inocuidad de todas las instalaciones que funcionan con energía nuclear o producen la misma-, ha recibido la solicitud del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que informe sobre si existe algún impedimento para que se lleve a cabo una modificación de la orden ministerial de 3 de julio de 2009, que establecía la clausura del recinto ubicado en el castellano Valle de Tobalina.
Según la citada entidad para el control nuclear, el Ministerio también solicita información sobre los límites y condiciones que deberían cumplirse para modificar la orden ministerial de cierre en 2013, de manera que sea posible renovar la autorización de explotación vigente por un nuevo período de seis años más, hasta 2019.
Al parecer, el Ejecutivo central ha requerido al CSN un tercer informe sobre la documentación que el titular deberá acompañar a la solicitud para renovar la autorización de explotación más allá de 2013 y la antelación con que esta solicitud tendría que ser presentada ante el ministerio, de manera que haya tiempo suficiente para su evaluación por el Consejo de Seguridad Nuclear.
En ese sentido, el titular de la central nuclear, Nuclenor -empresa participada al 50% por las multinacionales Iberdrola y Endesa-, ha asegurado que "necesita un horizonte despejado con cierta antelación" para planificar el futuro de la planta, tras conocer ayer que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tardará "meses" en tener un nuevo informe preceptivo sobre su posible continuidad. En este sentido, un portavoz de la compañía explicó que manejan un calendario de cara al año 2013, cuando habrá que decidir si cesa la actividad de la central o si, por el contrario, recarga combustible para mantener el funcionamiento más tiempo. Así, la mejor previsión de los responsables de la planta sitúa entre julio y septiembre de 2012 como fecha límite para que el Gobierno tome una decisión respecto a la continuidad de Garoña. En cualquier caso, de retrasarse esta decisión, la central "estaría preparada para adaptarse" a las condiciones a la que obligue Industria.
Este mismo portavoz calificó de "buena noticia" el primer paso dado por el Gobierno para decidir sobre el futuro de Garoña, puesto que entiende que la petición del informe al CSN "ya es un hecho y no sólo palabras". No obstante, recordó que se trata del "principio del camino".
En esta misma línea, aseguró que en los próximos meses volverán a "interactuar" con el CSN para facilitar informes y estudios relativos a la planta, aunque recordó que ya hay "muchísima información" recabada el año 2009, cuando se decidió sobre otra prórroga.
Sea como fuere, lo cierto es que el Consejo de Seguridad Nuclear no emitirá de forma "inmediata", sino en unos meses, el informe sobre la opción de que Garoña alargue su vida útil, y que incluirá un nuevo análisis sobre las condiciones necesarias para operar tras 2013, año de cierre previsto por el anterior Gobierno socialista.
Tras recibir ayer la petición de Industria para que informe sobre si hay obstáculos para revocar la orden ministerial que fija su cierre, la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, declaró que a partir de este momento se planificará el trabajo necesario para hacer una "re-evaluación" e inspección de la planta más antigua del país.
Hay un informe de 2009 sobre Garoña para funcionar hasta 2019, elaborado por el CSN, pero como finalmente el Gobierno concedió una autorización de solo cuatro años, la planta "no ha hecho las modificaciones que el Consejo impuso" para operar otra década, ha explicado Martínez Ten antes de intervenir en el I Foro Global de Sostenibilidad, organizado por Ernst&Young. Por tanto, "ahora habrá que re-analizar todo esto y cruzar todo el tema de las pruebas de estrés". Tras señalar que en caso de prórroga Garoña deberá pedir una nueva autorización de funcionamiento, Martínez Ten indicó que, en todo caso, "el trabajo tiene que estar listo con anterioridad a julio de 2013", fecha de clausura prevista en la orden ministerial que ahora se pretende revocar.
Petición de Bildu Por último, el grupo de Bildu en las Juntas Generales de Álava ha reclamado al diputado general, Javier de Andrés (PP), que asuma el "liderazgo" para evitar que se prorrogue la actividad de la central nuclear. La coalición abertzale, a través de un comunicado, reclamó a De Andrés un pronunciamiento "claro y firme" en torno a la intención del Gobierno central de prorrogar la vida útil de la planta después de 2013.
Esta formación aseguró que, como diputado general, De Andrés debe "defender los intereses" de Álava, por lo que le pidió que explique en la Cámara foral si tiene previsto adoptar alguna medida.
