Vitoria. Los procuradores de las Juntas Generales de Álava dejaron ayer de lado sus diferencias políticas para reconocer su preocupación por las sospechas de malos tratos a los mayores del territorio. La diputada de Servicios Sociales, Marta Alaña, compareció ante la Cámara foral para expresar su firme interés en poner freno a los ya detectados y destapar aquellos que no se han denunciado pero que existen. Y es que, según el último informe realizado en 2011 por el Gobierno Vasco, desvelado en exclusiva por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, esta provincia contaría con 820 posibles casos de maltrato a personas mayores de 60 años. Una cifra que supondría el 5% de los existentes en toda la CAV por detrás de Gipuzkoa (19%) y Bizkaia (76%).

Esta estadística señala que 250 personas de ese colectivo reconocen sentirse víctimas, mientras que los entrevistadores han detectado otras 570 que podrían estar en la misma situación aunque no lo denuncian por desconocimiento o por temor a acusar a familiares. Y aunque el dato muestra que la provincia se encuentra lejos de los territorios vecinos, la Diputación considera que la realidad no puede obviarse. Por ello, Alaña explicó ayer que ya se ha dirigido al Ejecutivo autonómico para trasladarle una batería de propuestas con las que blindarse contra esta lacra.

En ese sentido, la diputada de Servicios Sociales ha propuesto al gabinete liderado por Patxi López en sendas reuniones establecer un protocolo de formación para diagnosticar los malos tratos y la sospecha de los mismos por parte de las trabajadoras sociales que tratan con este colectivo. También ha sugerido a Lakua poner en marcha unos mecanismos de confirmación de las sospechas de malos tratos. Por otro lado, también considera conveniente articular unas normas de tratamiento de los expedientes reconocidos que permitan unificar criterios a la hora de afrontar este problema. Por último, también le ha sugerido la posibilidad de establecer un plan de derivación en aquellos casos en los que los valoradores encuentren indicios de problemas para lo que se podría instaurar que los valoradores de dependencia acudan a las entrevistas con un cuestionario básico. Alaña también señaló que estas herramientas deberían servir en caso de situación de estrés de los propios cuidadores. Asimismo, la diputada apuntó que estas medidas serían mucho más efectivas si se aplicaran de forma homogénea en los tres territorios vascos y, por ello, abogó por la implicación de las otras dos diputaciones y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) coordinadas por el propio Gobierno Vasco.

La responsable de Servicios Sociales quiso hacer hincapié, no obstante, en la delicadeza necesaria a la hora de abordar este tema puesto que muchos de los casos se deben a tratos inadecuados o derivados del estrés de los propios cuidadores. Por ello, desvinculó los casos particulares del grupo en general de acompañantes para evitar una estigmatización del colectivo.

Según el informe del Gobierno Vasco, el maltrato más habitual es el psicológico, seguido de la negligencia y los abusos físicos y sexuales. Las razones que indujeron a la sospecha sobre los casos no confesos fueron la falta de higiene personal, los problemas de habitabilidad, las barreras arquitectónicas, la falta de ventilación y de limpieza en los hogares, la insatisfacción en las relaciones con amigos, familiares y allegados, la tristeza, ansiedad, tensión y rigidez y la carencia de ayudas técnicas necesarias como gafas, prótesis y similares.