vitoria. Osakidetza convertirá próximamente en un "derecho ciudadano" que los plazos de atención a los pacientes con problemas oncológicos y cardiacos se ajusten lo máximo posible. En otras palabras, que el diagnóstico y el tratamiento de estas graves patologías no superen una franja de días establecida por decreto. El director general de Osakidetza, Julián Pérez Gil, y el director de asistencia sanitaria del ente público, Eduardo Gárate, avanzaron ayer durante la presentación del balance de actividad de 2011 que su organización contará el próximo mes de mayo con este nuevo marco legal que fijará en un máximo de 30 días la realización de las consultas, las pruebas complementarias y la cirugía -si fuese necesaria- en este tipo de pacientes, lo que les permitiría completar su tránsito completo por el hospital en un tiempo que nunca podrá superar los 90 días. "Esto nos obligará a reorganizarnos para poner todo a disposición de este tipo de paciente, anteponiendo sus patologías", añadió el director médico del HUA, Enrique Bárez. "Priorizamos en las enfermedades que están asociadas a un mayor riesgo vital ordenando la demanda por severidad", aseveró por su parte Pérez Gil.

El decreto de garantías ahora en vigor establece que las operaciones de cáncer deben realizarse en un plazo máximo de 30 días desde que el paciente da su consentimiento para ser intervenido, un plazo que se eleva a los 90 en Cardiología y a 180 en el resto de operaciones. Según confirmó Gárate, el tiempo de espera que pretende cumplirse con el nuevo decreto es "casi real" en la actualidad en oncología, mientras que las demoras en cirugía cardiaca apenas alcanzan el mes. A partir de ahora, la reducción de la lista de espera hasta menos de los 30 días será "un objetivo general", un "derecho adquirido" para los pacientes "muy superior" al que existe en el resto de comunidades autónomas del Estado.

¿Y qué sucederá si Osakidetza no cumple con su nuevo decreto? Pérez Gil se mostró tajante al respecto. Cuando se superen los 30 días de espera establecidos, los pacientes podrán exigir al ente público que sean derivados a la red privada para pasar consulta, realizarse pruebas o incluso ser operados.