vitoria. Las instituciones tragan saliva a duras penas ante los datos que auguran un 2012 más que complicado. Mientras la economía de guerra caracteriza unas Cuentas más que ajustadas, tanto Gobierno Vasco como Diputación y Ayuntamiento de Vitoria miran de reojo a los tribunales para no tener que ajustar unos presupuestos por lo contencioso. En última instancia, debido a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que duplica el precio de la tasación que se hizo en la expropiación de unas fincas para ampliar el Centro Intermodal de Transportes y Logística (CTV) en 2001 y que obliga al pago de ocho millones de euros más de lo estipulado entonces.
Y eso, de momento. Porque el citado fallo adverso, que hace bueno un recurso de parte de los afectados, podría no ser el último. Las instituciones implicadas que participaban en la empresa CTV -Diputación (44,78%), Ayuntamiento de Vitoria (7,41%), SEA Empresarios Alaveses (0,45%), Cámara de Comercio de Álava (9,06%), Caja Vital (26,95%) y Gobierno Vasco (11,35%)- confían en que no sirva de referente para otro de los recursos pendientes de resolución sobre la misma causa. Y es que, a pesar de que este grupo de agricultores era el más numeroso, también había otras partes implicadas que decidieron iniciar los trámites legales de manera independiente.
De esta forma, Promociones Industriales Uritiasolo siguió su propia andadura hasta plantarse en el mismo punto que los otros afectados. Sólo que la sentencia aún está por llegar. Las instituciones implicadas en la expansión del CTV temen que el anterior fallo sirva de precedente y un nuevo revés suponga el golpe definitivo a sus presupuestos, por lo que buscan soluciones para retrasar el máximo posible sus consecuencias. De hecho, la Diputación ya presentó un incidente de nulidad argumentando el desconocimiento de la sentencia y la falta de convocatoria como parte implicada del ente foral en el proceso para optar a defenderse en un nuevo juicio que le cite para explicar sus motivos. Pero, ante la realidad de que ese pago se tenga que hacer efectivo, ya ha recordado a sus socios en la entidad, que el fallo no menta al Ejecutivo foral en ningún momento y se refiere sólo al Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria.
hasta diez millones Eso sí, admite que un acuerdo posterior estableció que el pago de posibles actualizaciones del justiprecio se haría en función de la participación en la empresa pública CTV.
Sin embargo, la semana pasada el diputado de Promoción Económica y Administración Foral, Luis Viana, ya advirtió de que son los denunciados los que en primera instancia deberán pagar los ocho millones de euros y luego ver satisfecha la parte correspondiente al acuerdo alcanzado de forma privada con el resto de las partes. Esta cifra podría aumentar hasta los diez millones en su totalidad de otorgar la razón al demandante el Tribunal Supremo en el caso de la empresa Promociones Industriales Uritiasolo.
El caso se remonta a una operación urbanística ejecutada hace diez años. Ante la necesidad de que el CTV creciera, el Ayuntamiento inició los trámites de expropiación de 320.000 metros cuadrados en la zona de influencia del polígono industrial de Jundiz. Para ello, ordenó a sus técnicos que realizaran una tasación de los terrenos. La Diputación intervino como compradora de los solares y, cuando todo estuvo listo, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco se ocupó de dar el visto bueno definitivo. Algunos titulares de las parcelas, disconformes con el precio, recurrieron en primera instancia al Treibunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), quien falló a favor del Ejecutivo autonómico. Posteriormente, elevaron su demanda al Tribunal Supremo, que ha acabado dando la razón al grupo más numeroso de ellos. De momento, el mazazo es de ocho millones de euros, pero la cosa podría ser un suma y sigue.
