Vitoria. El fenómeno de los menores extranjeros no acompañados siempre ha sido motivo de rifirrafes. La elevada demanda, probablemente originada por el efecto llamada, ha llevado a los servicios sociales al borde del colapso hasta el punto de convertirse en uno de los mayores quebraderos de cabeza de las instituciones alavesas. Sin embargo, nunca se había actuado con tanta dureza como hasta ahora.

La Diputación foral se ha empeñado en luchar contra el "fraude" en colaboración con la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava sometiendo a los extranjeros que reclaman ser atendidos a unas pruebas científicas que en menos de 20 días -frente a los cinco meses de antes- determinan su edad real. Pero no sólo eso. Cuando la prueba establece que el pasaporte miente y que han cumplido la mayoría, quedan excluidos de cualquier itinerario de inserción social. Este nuevo protocolo de actuación está en vigor desde diciembre y ha provocado que un total de 24 jóvenes se queden en la calle, sin derecho a alojamiento ni manutención.

Lo que para unos es una manera de agilizar el sistema y de hacer que "los recursos lleguen a quienes lo necesitan", para otros esta forma de actuar no es más que un "giro de rumbo" de las políticas sociales que se han venido llevando a cabo hasta ahora en el territorio. Un giro que busca justificación en la crisis. "La situación económica no es más que un pretexto, esta decisión responde a una manera de ser", asegura José Ángel Cuerda, exalcalde de Vitoria y presidente de Bizitza Berria, una asociación dedicada a acoger a gente sin hogar.

A juicio de quien fuera primer edil de la ciudad se están dando cambios que podrían poner en peligro la trayectoria que ha venido manteniendo hasta ahora Álava y su capital en materia de servicios sociales. Cree que los últimos recortes introducidos por el Ayuntamiento gasteiztarra en las partidas para cooperación al desarrollo, que pierden 3 millones de euros hasta quedarse en los 386.000, son un claro ejemplo de ello. "Ese 1% del presupuesto municipal dedicado a la cooperación era ya un signo de identidad de la ciudad", añade el exalcalde.

Pero no sólo eso, Cuerda teme que algunos prejuicios existentes entre quienes se han hecho con el poder de las principales instituciones alavesas hayan calado en la propia ciudadanía. Si no, no se explica cómo el PP, que antes de las elecciones ya anunció que apoyaría un endurecimiento de los requisitos para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos, haya obtenido tanto apoyo. "Es lamentable. Vitoria no se ha distinguido por el color de sus calles, sino por su solidaridad", afirma.

También desde la recién creada Plataforma de apoyo a los jóvenes extranjeros consideran que algunas de las medidas adoptadas durante la presente legislatura no hacen más que "romper esa cohesión social que se ha intentado promover durante los últimos años". Así lo cree María del Mar Jiménez, una de las portavoces de este colectivo que se está encargando de ayudar a la veintena de extranjeros expulsados de los centros de menores proporcionándoles alojamiento y comida.

Hasta el pasado mes de diciembre, los jóvenes que cumplían la mayoría de edad seguían contando fuera de los centros con el apoyo de las instituciones, que les ofrecían una ayuda cercana a los 700 euros siempre que llevaran un año empadronados, además de la subvención al alquiler, a la que también podían acceder. "Puede que haya gente a la que le parezca mal que reciban este dinero, pero hay que recordar que es una ayuda que se les da a todos, no sólo a los extranjeros. El motivo es prevenir la exclusión, y privarles de esa ayuda sería racismo puro y duro, sería segregación", explica.

Para Jiménez este cambio en el protocolo de actuación y la insistencia en las pruebas científicas "no es más que una estrategia para sacar a los chicos de los centros". El colectivo al que representa no ha dudado en calificar la situación generada desde diciembre como de "emergencia humanitaria". El propio Juantxu Oscoz, también miembro de la plataforma, denunciaba la práctica llevada a cabo por la Diputación. "Son trasladados en furgoneta con sus escasas pertenencias de los centros de acogida a los Servicios de Urgencia del Ayuntamiento y en muchos casos estos últimos les dejan en la calle abandonados, en la más absoluta indigencia", aseguraba. Así las cosas, la plataforma ha pedido a la Diputación que convoque el Consejo de Inmigración, ya que no lo ha hecho todavía esta legislatura, para que se retomen los itinerarios establecidos.