vitoria. Con menos eco mediático que la Ley Municipal o la norma que debe regular el futuro de las cajas vascas, el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Gestión de Emergencias ha generado un nuevo conflicto de competencia entre el Gobierno Vasco y las diputaciones. En esta ocasión ha sido la institución foral alavesa, dirigida por el popular Javier de Andrés, la que ha recurrido ante la Comisión Arbitral el plan de Lakua al considerar que algunos de sus artículos conculcan los derechos del Territorio Histórico.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, la Diputación de Araba registró el pasado día 4 ante la Comisión Arbitral -organismo encargado de dirimir los conflictos de competencias entre las diferentes instituciones vascas- un recurso de ocho folios en los que detalla cada una de sus alegaciones, recogiendo el dictamen del propio consejo de diputados comandado por De Andrés, que el pasado 30 de diciembre dio el visto bueno para paralizar la citada norma al considerar que dos de sus artículos (el 28 y el 29) y su disposición transitoria primera conculcan las competencias que corresponden a los Territorios Históricos, según establece el Estatuto de Autonomía y la LTH.

Pero al margen de los tecnicismos legales que defiende el ente foral en su recurso, la paralización de la nueva Ley de Gestión de Emergencias supone un nuevo varapalo para el Ejecutivo de Patxi López, que ve cómo otra Diputación -en esta ocasión una liderada por sus socios preferentes- detiene una norma y ralentiza, aún más, el calendario legislativo del lehendakari, del que únicamente ha aprobado seis leyes de las 48 que se fijó sacar adelante al llegar a Ajuria Enea.