Vitoria. El consumo de tabaco se convirtió durante la pasada campaña electoral en un inesperado tema de debate que no llegó a materializarse en propuestas concretas. Tal vez debido a esa inconcreción ahora se han abierto expectativas en torno a una posible revisión de la ley antitabaco y se han encendido las alarmas ante una más que previsible subida de impuestos.
Mientras los hosteleros esperan que el nuevo Gobierno español encabezado por Mariano Rajoy "suavice" y "flexibilice" la ley antitabaco, que prohíbe el consumo en los establecimientos públicos, los estanqueros temen que un aumento de los impuestos especiales sobre el tabaco incremente un comercio ilegal en forma de contrabando y falsificaciones que ya les está pasando factura. Las asociaciones que agrupan a hosteleros y estanqueros esperarán a la formación del nuevo Gobierno para exponer sus problemas y reclamar soluciones. Pero, frente a la pretensión de algunos colectivos de dar un paso atrás en la regulación del humo en los espacios públicos, también hay quien argumenta que la ley antitabaco es la mejor medida de política de salud pública de los últimos años y que no tiene sentido modificarla.
En la recta final de la pasada campaña electoral, Mariano Rajoy abrió la puerta a una posible revisión de la ley antitabaco al manifestarse "partidario de estudiar una fórmula que permita un poco de flexibilidad". Apostilló, no obstante, que entre sus prioridades no figura modificar esta ley. Esta puntualización no ha desanimado a los sectores que se consideran perjudicados por las restricciones al consumo de tabaco y que se han apresurado a reclamar una reforma legislativa que apoye sus intereses.
Marcelino Gamez, presidente de la Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros (ONAE), asegura que su posición es favorable a "que los responsables de cada establecimiento puedan decidir si en su local se puede fumar o no, pero es un asunto que no nos corresponde decidir a los estanqueros, sino a los sectores de hostelería y restauración". Gamez explica que la organización que preside mantuvo contactos con el PP antes del las elecciones generales. "Aunque por un lado nos han dicho que van a suavizar la ley del tabaco, por otro argumentan que, si en su día votaron a favor, ahora no parece lógico hacer lo contrario... Son cosas que quedan en el aire y uno no sabe hasta qué punto fiarse de lo que te dicen", apunta Marcelino Gamez . Los estanqueros esperarán a que tome posesión el nuevo presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos para presentarle sus propuestas. "Nuestra idea -dijo Gamez- es que de nuevo se pueda consumir tabaco en los bares y restaurantes, en zonas especialmente habilitadas para ello".
Por su parte, José Luis Guerra, vicepresidente de la Federación de Hostelería, pide al nuevo Gobierno central que recupere la postura que defendió el PP en el debate parlamentario de la Ley del Tabaco, en el que presentó una enmienda que permitía habilitar zonas de fumadores en los establecimientos de hostelería con prohibición expresa a la entrada de menores y de los trabajadores. Los hosteleros quieren que el Estado se adecue a la legislación europea en esta materia. "La mayoría de los países tienen excepciones como la que propuso el PP. Existen en Alemania, Francia, Holanda, Suecia o Austria, entre otros", dice Guerra.
En el lado contrario, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) insiste en que en menos de un año la ley antitabaco ha demostrado beneficios sanitarios, reduciendo el número de ingresos hospitalarios por infartos de miocardio y enfermedades respiratorias agudas. También se estima que la ley evita unos mil fallecimientos anuales relacionados con el tabaquismo pasivo en hostelería.
Presión fiscal
Previsible aumento
Otro aspecto del consumo de tabaco que también genera controversia es el de la presión fiscal sobre este producto. Y es que la acuciante necesidad de la Administración del Estado de aumentar sus ingresos fiscales hace prever un próximo aumento de los impuestos que gravan las labores de tabaco. Tras recordar que "España es un uno de los países con mayor presión fiscal sobre el tabaco", Marcelino Gamez, presidente de ONAE, muestra la oposición de los estanqueros a "una nueva subida de impuestos porque esto repercute directamente en el aumento del contrabando". "Una mayor presión fiscal -dice- significa que el consumidor buscará vías alternativas para conseguir el mismo producto a menor precio". Sus observaciones se basan en la constatación de que el aumento impositivo sobre el tabaco aplicado en diciembre de 2010 se ha traducido en un salto cuantitativo del contrabando.
"Hace quince años el porcentaje que suponía el contrabando en España estaba sobre el 20% del total de tabaco consumido. En años sucesivos, al haber más control por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de aduanas, el contrabando fue bajando hasta llegar a un mínimo histórico del 0,5% registrado a principios de 2010. A partir de ese momento, la tendencia volvió a cambiar y en el periodo de un año hemos alcanzado casi el 7%. Es un aumento considerable para un periodo de tiempo tan corto", indica.
Preguntado sobre los efectos de una subida de impuestos, el presidente de los estanqueros afirma con rotundidad que "zonas geográficas estratégicas donde actúa más el contrabando se van a ver más perjudicadas y también zonas fronterizas como el área de Irun en Gipuzkoa o los Pirineos".
