Vitoria. Los procedimientos legales que giran en torno a las cooperativas de vivienda de Vitoria y que tienen su origen en las actividades de los hermanos Estívariz Iñarritu, responsables entre otras empresas de la firma Gestnorte XXI, prosiguen su lenta andadura por los tribunales de justicia de Vitoria. En este caso la novedad llega de la mano de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, cuyos responsables han remitido un escrito al juzgado de lo Penal por el que se reclama que se practiquen diligencias contra los dos hermanos, a los que acusa de los presuntos delitos de coacciones y falsedad en documento mercantil. También señala que uno de ellos podría haber incurrido en supuesto intrusismo profesional por haber actuado como arquitecto antes de disponer del correspondiente título.

En lo referente al presunto delito de coacciones, la Fiscalía tiene en cuenta el recurso de apelación interpuesto por un particular, exempleado de los hermanos, quien asegura que se le obligó, durante los años 2006 y 2007, a firmar las direcciones de obra de las cooperativas bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo. En 2008, esta persona decidió finalmente negarse a las pretensiones de los denunciados, por lo que la Fiscalía subraya la necesidad de "valorar todas las circunstancias del sujeto pasivo para determinar adecuadamente la idoneidad de la presión ejercida sobre él". Entiende, por ejemplo, que las circunstancias económicas del recurrente pudieron ser precarias en las fechas en que firmó y más desahogadas cuando se negó, situación que no desvirtuaría la gravedad de las presuntas coacciones sufridas.

"No cabe duda de que amenazar a cualquier persona -señala el documento-, salvo excepciones, con el despido es suficiente indicador de la violencia moral ejercida, dado lo imprescindible que es para toda persona disponer de un trabajo con el que subvenir a sus necesidades". Además, insiste la Fiscalía en que esta actitud constituiría un delito y no una falta "no sólo en cuanto a las firmas de 2006 y 2007, sino también en cuanto a las que se le proponen realizar en 2008 y que no llega finalmente a firmar , pues siendo delito de resultado es perfectamente concebible la tentativa".

Falsedad documental El texto preparado por el fiscal incluye también la acusación de un supuesto delito de falsedad en documento mercantil denunciado por el mismo recurrente. El objetivo sería, según este mismo documento "lograr la adjudicación de las obras a Bernedo", otra de las empresas vinculadas a los hermanos Estívariz Iñarritu.

"Aunque se deduce de la documental aportada por los denunciados que no hubo tal adjudicación por parte de las cooperativas Kakiturri y Arrieta, no queda tan claro en el caso de las cooperativas Bustablado y Arkayate, la primera de las cuales adjudicó las obras a Oronber, en la que Bernedo tiene una participación, y la segunda de las cuales lo adjudicó a Alinorte UTE, también vinculada con los denunciados", afirma la Fiscalía.

Finalmente, el escrito indica la presunta comisión de un delito de intrusismo, ya que uno de los hermanos pudo firmar las direcciones de obra de Estbar Arquitectura S.L., al "actuar en la práctica como un jefe de obra", antes de obtener el título de arquitecto superior necesario para rubricar estos papeles.