Vitoria. El aumento del número de perceptores vascos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) obligará este año al Gobierno Vasco a aumentar en unos 70 millones de euros la partida destinada inicialmente al pago de estas ayudas. En los Presupuestos de 2011 figura una partida de 280 millones de euros para la RGI y de 42 millones para la PCV, los mismos importes que se reflejan en el proyecto de las Cuentas vascas para 2012.

Según los datos aportados ayer por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, el incremento de personas que cobran estas prestaciones ha provocado que, a finales de este año, se tengan que ampliar estas partidas en unos 70 millones de euros. Tanto la RGI como la PCV son ayudas que tienen reconocido su derecho subjetivo por lo que se debe garantizar su prestación a todas las personas que cumplan los requisitos exigidos.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, compareció en el Parlamento para explicar el proyecto de Ppresupuestos de su Departamento para 2012, que asciende a 925,5 millones de euros, un 1,7% menos con respecto al de este año. Más del 80% del dinero será absorbido por Lanbide, organismo autónomo que desde el próximo ejercicio gestionará las prestaciones sociales como la RGI y la PCV en lugar de las diputaciones, como ocurre ahora.

Así, Lanbide dispondrá de un Presupuesto de 780,2 millones de euros, de los que el 326,8 millones corresponden al sistema de Garantía de Ingresos (el 42 %), 273,3 millones a políticas para empleo y formación (35 %) y 180 millones a las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social (23 %).

El aspecto más polémico del proyecto presupuestario es la reducción del 7% de las cuantías de las prestaciones sociales, aunque la consejera ha dejado claro que "nadie" que cumpla los requisitos para acceder a estas ayudas "estará desatendido". Ante las críticas recibidas por el descenso del importe de estas ayudas, Zabaleta respondió en la comisión que también los funcionarios sufrieron una rebaja salarial del 5% hace dos años y los pensionstas vieron congeladas sus nóminas. "Todos nos ajustamos el cinturón", enfatizó antes de recordar que en otras comunidades autónomas estas ayudas no son un derecho subjetivo y además su cobro está limitado en el tiempo. Asimismo, manifestó que no se pueden mantener los mismos gastos en 2012 "con los ingresos de 2005".

Durante su intervención la consejera también puso en valor la vinculación de dichas prestaciones a la activación de empleo una vez que el próximo año Lanbide pase a gestionar la RGI. "Es la mejor política social", incidió. También avanzó que el objetivo de su Departamento es prestar el próximo año, a través de Lanbide, servicios de orientación al empleo a 180.000 desempleados. Entre los planes que impulsará el Departamento, Zabaleta citó la Estrategia Vasca de Empleo, el Plan de Inclusión Activa, el desarrollo legislativo de la Ley de Servicios Sociales o la consolidación del servicio de Teleasistencia.