Renta de Garantía de Ingresos: Reforma en solitario

Una de las modificaciones propuestas en la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión Social que más crispación social ha causado es la elevación de uno a tres años del requisito de empadronamiento necesario para recibir las ayudas sociales (en caso de no cumplirlo, el solicitante tendrá que acreditar cinco años de vida laboral cotizando para el Estado).

Las personas, colectivos e instituciones que trabajan en el ámbito de los servicios sociales han denunciado que exigir tres años de inscripción del Padrón para acceder a esta prestación dejará en situación de desprotección y riesgo de exclusión social a mucha gente que, hoy día, sobrevive con una cuantía mensual que, de media, ronda los 374 euros.

La Diputación de Gipuzkoa fue la primera institución que se aventuró a dar una cifra. El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, especificó que una media de 50 personas con menos de tres años de empadronamiento en la CAV solicita todos los meses la RGI en Gipuzkoa, por lo que adoptar esta nueva medida afectará a 600 personas cada año solo en el ámbito del citado territorio.

Pero antes de que se diera este dato, varios colectivos, además del resto de los partidos con representación en el Parlamento Vasco, ya habían mostrado sus reticencias a la reforma, que fueron respondidas, por parte de Gemma Zabaleta, con unas duras críticas en las que acusaba a plataformas como Cáritas, Harresiak Apurtuz o SOS Racismo de poner al colectivo de inmigrantes en el punto de mira.

"Estos colectivos que siempre utilizan al inmigrante son los que más los estigmatizan porque estas reformas no tienen nombres ni apellidos, ni color ni identidad", declaró la consejera.

Esto ocurría pocos días después de la presentación del pacto PSE-PP, pero la batalla dialéctica, hoy, continúa abierta. La pasada semana, mientras la comisión daba el visto bueno al texto, más de cien entidades y colectivos sociales, once plataformas y redes, sindicatos y partidos políticos hacían público un manifiesto conjunto, al mismo tiempo que denunciaban que el incremento de los requisitos para percibir las ayudas sociales respondía a "criterios de economía presupuestaria" sin tener en cuenta "las situaciones personales" de los solicitantes.

"Recorte"

Perfiles de solicitantes que perderán la prestación

"Diga lo que diga la consejera, pasar de un año a tres de empadronamiento implica, inevitablemente, un recorte, porque recorta las posibilidades de acceso (a las ayudas) a una serie de personas", recalca Agustín Unzurrunzaga, portavoz de SOS Racismo. Zabaleta ha rechazado continuamente que la modificación de la ley constituya un recorte, pero Unzurrunzaga, que no se atreve a citar un número total de afectados, sí describe dos perfiles de personas a las que esta medida dejará fuera del sistema de protección. No pone nombre ni apellido, pero sí da un perfil lo suficientemente concreto para poder imaginarse de qué situaciones estamos hablando.

Por un lado, afectará a personas extranjeras que regularizaban su situación en el País Vasco mediante la vía del arraigo social, que implica "tres años de empadronamiento para poder acceder, por medio de un contrato de trabajo, a la regularización".

Les va a condicionar su situación porque, según explica Unzurrunzaga, hay algunas personas que en esta situación "de tres años de irregularidad previa obligatoria" combinaban, hasta ahora, "trabajos en la economía sumergida, como el de empleada de hogar, con el cobro de la RGI, al que podían acceder a partir de un año de inscribirse en el padrón". A los tres años, podían regularizar su situación siempre y cuando presentaran un contrato de trabajo. "Con la reforma eso va a ser imposible, porque los tres años para regularizarse por arraigo van a ser los tres años necesarios (de Padrón) para solicitar la RGI", critica.

Por otro lado, hay otro grupo de extranjeros que llegan al País Vasco por la vía del régimen general (es decir, aterrizan con un contrato de trabajo bajo el brazo), pero que antes de que se les acabe el primer permiso, que dura un año, son despedidos porque, por ejemplo, se trata de un empleo temporal en hostelería. Así que cuando acuden a realizar la primera renovación del permiso, no tienen un contrato y, por lo tanto, no pueden renovar ni la tarjeta de residencia ni el permiso de trabajo. "En esa situación, si ha solicitado la RGI y la percibe, es posible renovar el permiso, pero si se exige tres años de empadronamiento, estas personas se encontrarían con la imposibilidad de hacerlo. Inevitablemente, tienen más dificultades, porque la única posibilidad que van a tener para renovarlo es el trabajo, no la prestación que antes sí les permitía", detalla Unzurrunzaga como ejemplo.

De todos modos, la reforma de la RGI no se circunscribe solo al incremento del requisito de años de empadronamiento. Tan importante como eso, por lo que conlleva, es el traspaso de las competencias de las diputaciones en el ámbito de la RGI a Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo. En este sentido, aquellos que rechacen un empleo perderán el derecho de acceder a las prestaciones sociales.

Esta cuestión tampoco ha gustado en el entorno social por varias razones, como recordaban el pasado martes los colectivos firmantes del manifiesto. Estos grupos unidos en contra de la reforma solicitaron que se "estudie" las situaciones particulares de los trabajadores, que no deberían verse obligados a aceptar el primer empleo que se les ofrezca "bajo la subjetividad de la palabra adecuado".

En el citado documento, pidieron, asimismo, que se incorpore a trabajadores sociales al sistema de tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos "para aquellos casos en que sea indispensable el estudio o acompañamiento de la solicitud; anteponiendo la idea de que la prestación es un derecho y un acto administrativo que no requiere de tutela alguna".

"La propia consejera se debe dar cuenta de que no debe cerrar la puerta al sistema anterior de los servicios sociales porque hay gente que tiene muy mala empleabilidad, como puede ser una persona que ha salido de la cárcel con 50 años", incide el portavoz de SOS Racismo. "Ahora deja la puerta abierta, pero no se sabe muy bien qué va a pasar, porque el acento se pone en Lanbide. Creo que la experiencia de los servicios sociales durante tantos años no se puede dejar atrás, hay que tenerla en consideración", añade.

Derecho ciudadano

Culpabilizando al que percibe la prestación social

Y, en alusión a otra de las ideas que aporta el manifiesto, Unzurrunzaga reclama el concepto de Renta de Garantía de Ingresos como un "derecho ciudadano". "La crisis ha desdibujado este concepto. Ha habido un cambio de mentalidad", expone al respecto. En su opinión, el discurso de Zabaleta es, en cierto sentido, "muy culpabilizador" de las personas. "Parece que quien cobra la RGI es culpable de algo", manifiesta Unzurrunzaga en referencia a la "lucha contra el fraude" que clama Zabaleta cada vez que defiende la reforma.

Cáritas Euskadi no se anduvo por las ramas al comparecer hace unos días y tildar de "insulto a la inteligencia" que Zabaleta vincule el fraude a las ayudas sociales "como excusa para llevar a cabo los recortes". Además, consideran que esta es una "buena oportunidad para repensar el sistema social", siempre y cuando se cuente "con las personas necesitadas y en riesgo de exclusión social". "Si sumamos los efectos de la crisis a los que pueden surgir como consecuencia de las restricciones del sistema, podemos derivar hacia una sociedad menos cohesionado e, incluso, a la fractura social en un entorno cada vez más individualista", señalaron.

Y ésta es una de las claves que defienden los colectivos sociales frente al "recorte" planteado por Zabaleta. "Es un derecho que la sociedad considera necesario que exista para que haya cierto grado de cohesión social", recalca Unzurrunzaga. O, al menos, lo era "en origen".

Además, el portavoz de SOS Racismo añade que el fraude también se da en el sentido contrario, como en personas que viven de alquiler, que cumplen los requisitos, pero que no se pueden empadronar porque están en una vivienda subarrendada o, simplemente, al dueño no le interesa.

Unzurrunzaga lanza una reflexión: "Con la Renta de Garantía de Ingresos ponemos unas redes para que haya un último enganche al sistema, eso forma parte de los derechos de los ciudadanos, como la enseñanza o la sanidad pública". Sin embargo, el discurso de la consejera para justificar la reforma, además de culpabilizador es, en su opinión, "individualizador, porque el problema está en las personas, no en el sistema, que parece que funciona estupendamente", ironiza.

Pero la realidad se aleja de ese supuesto estado de bienestar. Un estado de bienestar que no se da para todo el mundo por igual. No cuando, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, casi doce de cada cien hogares vascos se encuentran en situación de pobreza. No en vano, cabe recordar, en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), un total de 88.643 personas, el 4,1% de la población, se hallan inmersas en la pobreza.