vitoria. La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, anunció ayer que, con la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Lanbide se convertirá en el primer servicio de empleo del Estado que conecte la percepción de esta ayuda con la activación laboral. A juicio de la consejera, estos cambios "suponen una revolución" porque vinculan a los que reciben esta prestación con la activación laboral "y no con la resignación de un subsidio", afirmó Zabaleta durante la inauguración en Vitoria del seminario titulado El derecho a la inclusión activa, en el que se ultima el nuevo modelo de activación laboral para los perceptores de la RGI.

Las declaraciones de Zabaleta coinciden con la nueva normativa de la Ley para la Garantía de Ingresos que endurecerá los criterios de acceso a las ayudas sociales, ya que éstas se retirarán cuando el beneficiario rechace un empleo. Además, quienes lleven menos de tres años empadronados en un municipio vasco deberán acreditar cinco años de vida laboral para acceder a ellas, entre otros requisitos. En este contexto, la consejera recordó que en Euskadi hay unos 54.000 perceptores de la RGI, aunque más de un tercio quedará exento de esta reforma por ser jubilados o por estar en una situación de alta exclusión social.

Zabaleta quiso aclarar que este cambio es el acometido también por la izquierda en Europa, ya que parte de la idea de que estas ayudas deben ser sólo "el último refugio cuando se pierde el empleo".

También insiste en que en Euskadi el desembolso medio que una familia destina con sus impuestos a las prestaciones sociales es de 496 euros, mientras que en el resto del Estado baja hasta los 65 euros.

"Es ocho veces más el esfuerzo realizado por los vascos, un esfuerzo que no puede ser ilimitado", advierte la consejera, quien añadió que el nuevo sistema será "más justo, más solidario y más sostenible", simplificará la gestión y, con su traspaso a Lanbide, habrá "un mayor control", ya que ahora hay tres administraciones implicadas.