Vitoria. La apertura de la mezquita del barrio vitoriano de Zaramaga sigue en el aire. Los promotores del centro religioso firmaron la semana pasada un convenio con el gabinete Maroto para acordar la búsqueda de otro local acorde a sus necesidades dentro o fuera del barrio. Sin embargo, nadie olvida que la ley está de parte del colectivo paquistaní. Y la concordia tiene un límite: ocho meses, según el pacto alcanzado. Si en ese plazo de tiempo, el equipo del gobierno del PP no es capaz de encontrar "una ubicación idónea" tanto para el colectivo paquistaní como para los vecinos de la zona, el templo finalmente se pondrá en marcha en la lonja inicial, en Martín Olave.

El concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, admitió ayer que de no llegar a un acuerdo su única opción será levantar la suspensión de la licencia. La mezquita en la lonja solicitada por los paquistaníes es legal. Lo sabe el Consistorio gasteiztarra y así se lo advirtió recientemente el Ararteko, a pesar de que el equipo de gobierno consideró oportuno anteponer las quejas de residentes que surgieron desde el minuto uno al considerar que su ubicación original "en uno de los peores sitios posibles". El edil del PP argumentó que la lonja de Martín Olave se sitúa "al lado de un bar conflictivo", que el permiso solicitado "era para menos gente del aforo que en realidad iba a tener" y que este proyecto había generado un conflicto "de primera magnitud".

El concejal socialista Juan Carlos Alonso, quien preguntó ayer por el convenio alcanzado en la Comisión de Urbanismo, volvió a denunciar la decisión adoptada por el gabinete de Javier Maroto pese a que se haya firmado un acuerdo con los promotores de la mezquita. Según dijo, el Plan General de Ordenación Urbana "no habla de bares conflictivos ni de manifestaciones de vecinos, sino de derechos objetivos y objetivables". Y la apertura de este centro religioso añadió, no debería de responder a razonamientos subjetivos. "Si se recogen 200 firmas contra la apertura de una parroquia, ¿el PP se plantearía reubicarla?", inquirió.

No hubo respuesta por parte de Garnica, quien se limitó a volver a repetir el discurso de su primera intervención. "Hemos resuelto un problema y, lo que es más importante, con el consenso de todos", dijo.

Tarjeta sanitaria Por otra parte, el portavoz de SOS Racismo en Álava, Fede García, denunció ayer que Osakidetza ha paralizado "de forma cicatera y contraviniendo un derecho que está en la Ley de Extranjería" la entrega de tarjetas sanitarias a 600 inmigrantes que residen en Vitoria. "Se trata de una cuestión de cobertura sanitaria protegida por la Ley y que Osakidetza se niega a cumplir. Los inmigrantes tienen derecho a disponer de esa tarjeta y se la niegan", indicó.

García explicó que en julio alcanzó un acuerdo verbal para transformar las 600 solicitudes de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) en tarjetas provisionales, si bien añadió que Sanidad rompió el pacto y sólo se tramitó una única tarjeta. Ante esta situación, amenazó con llevar a Osakidetza a los tribunales "para que aplique la Ley Orgánica de Extranjería". "Si no, tendremos que enviar a los 600 solicitantes a la sede de Osakidetza en Olaguibel", concluyó.

En respuesta a estas afirmaciones, los responsables del Departamento vasco de Sanidad aseguraron ayer que "todas las personas que requieren asistencia sanitaria en nuestra comunidad tienen garantizado ese derecho". Recordaron, no obstante que "para poder disponer de la TIS se debe cumplir con una serie de requisitos recogidos en la Ley".

Según los datos ofrecidos por Osakidetza, durante 2011 se han tramitado y concedido 2.472 TIS en Álava, de las que 2.059 corresponden a ciudadanos extranjeros y 413 a españoles. "En el caso de la Tarjeta de Asignación Provisional, a lo largo del año se han concedido 38, de las cuales 4 han sido solicitadas por SOS Racismo Álava, no constando más solicitudes formuladas por este organismo", manifestaron. Para la obtención de la tarjeta provisional basta con la identificación de la persona mediante una fotocopia del pasaporte y da derecho a la cobertura sanitaria de urgencia. Tiene una validez máxima de tres meses, aunque se puede prorrogar.